Nación por excepción

Según Joseba Egibar, cabeza visible del soberanismo contemporáneo en el Consejo Nacional del PNV, el hecho de que PP y PSOE, enfrentados en todo lo demás, se hayan puesto de acuerdo en Euskadi supone reconocer la singularidad del pueblo vasco: su condición de "nación o de pueblo aparte". Tiene más razón de la que él mismo supone. Por una parte, la posibilidad de que partidos no nacionalistas puedan gobernar (ejercer el autogobierno) es una de las pruebas que le faltaba por superar a Euskadi para ser considerada una nación política. Por otra, es cierto que la sociedad vasca vive una situación de excepcionalidad que justifica que partidos tan distantes ideológicamente como el PSOE y el PP se unan para gobernar.

Patxi López cuenta con el apoyo de la mayoría absoluta, a diferencia del tripartito de Ibarretxe

Si a partidos que representan a prácticamente la mitad de la población vasca, uno de ellos más que centenario en tierra vasca, se les considera forasteros, meras "franquicias" de formaciones extranjeras, y se les trata de usurpadores por aspirar a gobernar con el apoyo de una mayoría parlamentaria, es que todavía no existe una nación en sentido moderno: habrá comunidad, tribu, pero no nación. Una nación moderna, plural, es aquella que es capaz de autogobernarse con diferentes mayorías democráticas.

ETA celebró el Aberri Eguna declarando "objetivo prioritario" al Gobierno vasco a punto de constituirse. La detención del jefe etarra Martitegi ha impedido que la banda hiciera estallar en Vitoria, coincidiendo con la investidura de Patxi López, una furgoneta bomba. El objetivo es siempre el mismo: hacerse presentes mediante la violencia, con el propósito de condicionar, mediante el temor que provoca, ciertas decisiones políticas o incluso personales; por ejemplo, la de aceptar o no formar parte del Gobierno de Patxi López por parte de personas en principio dispuestas a ese compromiso. No hace falta recordar a los jefes de ETA que ese comportamiento es antidemocrático: lo saben muy bien, pero fantasean con la idea de que forzar voluntades demuestra la utilidad de la violencia.

Desde mediados de los noventa, ETA marcó a socialistas y populares como objetivo de sus atentados, al mismo tiempo que el nacionalismo institucional firmaba (en 1998) con ETA un pacto cuya lógica de exclusión de los partidos no nacionalistas se plasmó en Lizarra y se prolongó luego en los sucesivos planes de Ibarretxe. En esas condiciones, no debería resultar extraño que el PSE y el PP establezcan una tregua en su enfrentamiento general y unan fuerzas para propiciar el cambio de signo del Gobierno vasco; y que su prioridad principal sea, junto a las políticas de recuperación económica, la derrota de ETA, su desaparición.

Así se hace constar en el acuerdo firmado hace tres semanas por ambos partidos y que sus líderes, Patxi López y Antonio Basagoiti, presentaron ayer como garantía de estabilidad del nuevo Gobierno: contará con el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara vasca (38 escaños), a diferencia del saliente de Ibarretxe, que sólo tenía garantizados los 32 de su tripartito. En su comparecencia ante la prensa, López se comprometió a "diseñar una política antiterrorista compartida" a la que espera incorporar al PNV en cuanto primer partido de la oposición.

Contra lo que se ha dicho desde tribunas nacionalistas, el acuerdo PSE-PP no refleja, en esta materia, las posiciones propias de los populares, sino las compartidas por ambos partidos en pactos anteriores. Así, respecto a la posibilidad de salidas negociadas, se reproduce literalmente la doctrina del Pacto Antiterrorista (compromiso de que la violencia nunca obtendrá rédito político), y lo mismo en relación a la deslegitimación del terrorismo, la utilización de todos los medios legales para combatir a ETA, etcétera.

El programa electoral del PNV sobre esta cuestión mantiene el tono abstruso de los pronunciamientos clásicos de Ibarretxe. Se pide a ETA que "desaparezca de nuestras vidas" pero ese objetivo se pone en relación con el diálogo, y éste con el derecho a decidir; la defensa del derecho a la vida debe ser contemplada en relación al "resto de derechos individuales y colectivos", por lo que se propone rectificar la Ley de Partidos. Un eventual pacto de Gobierno PNV-PSE se habría topado con diferencias de mucho calado en este terreno. Más allá del deseo compartido de que ETA desaparezca, habría sido difícil de gestionar una política antiterrorista que cuestione la baza decisiva de sacar de la legalidad al brazo político de la banda.

Por el lado socialista, el especialista en el tema, Jesús Eguiguren, ha declarado en dos entrevistas recientes su esperanza en que la paz se abra paso dentro de dos años. La intrigante referencia temporal podría remitir a las elecciones locales y forales de 2011, en las que el mundo de ETA perderá definitivamente su última presencia institucional. Puede ser un argumento de los Otegi y compañía, pero la idea de que pueda repetirse un proceso como el de 2006 es poco realista.