El Gobierno en funciones exprime el gasto en sus últimos consejos

El Gobierno Ibarretxe va apurar hasta el final las posibilidades que le está ofreciendo su período en funciones para dejar comprometidas importantes partidas de gasto, licitaciones de contratos y compras, y convocatorias de subvenciones y ayudas, que el Ejecutivo entrante de Patxi López tendrá que materializar. Las actuaciones del tripartito en los seis consejos de gobierno celebrados desde que las elecciones del 1-M abrieron la puerta a su relevo han sido ya motivo de roce y de advertencias por parte del PSE-EE, que se hará cargo en sólo dos semanas del próximo Ejecutivo. La provisión de personal para el Instituto Vasco de Finanzas, las ayudas a los familiares de los presos, los acelerados concursos de traslado de altos funcionarios, recurridos por los sindicatos, la compra de 200 vehículos blindados para la Ertzaintza o de otros sin blindar para los consejeros han sido algunas de las actuaciones cuestionadas por los socialistas. Éstos volvieron ayer a advertir al Gobierno sobre los "excesos" que puede estar cometiendo en un periodo en el que su función se reduce a cuestiones urgentes, garantizar el funcionamiento ordinario y preparar el traspaso de poderes.

El Gobierno 'gasta' en su penúltimo consejo más de 417 millones de euros

Ordena auditorías del sector público y de 106 sociedades participadas

La reunión de ayer, a expensas de que el PSE valore el contenido y oportunidad de las decisiones adoptadas, puede pasar a los anales como una de las más productivas de las celebradas nunca por los gabinetes de Ibarretxe. Tanto por la cantidad de asuntos aprobados como por su cuantía económica. En una especie de traca final de su mandato, y a falta aún del último consejo, que la portavoz, Miren Azkarate, anunció para el miércoles próximo, el Gobierno dio luz verde al gasto de 417, 4 millones de euros.

Antes de la comparecencia de la portavoz, el socialista Txarli Prieto reiteró, aunque lo hizo en referencia únicamente a la intención del Ejecutivo de dejar contratada la plantilla del Instituto Vasco de Finanzas, que el próximo Gobierno no dudará en "enmendar los excesos" en los que puede estar incurriendo un Gobierno a punto de ser relevado.

La medida de mayor alcance económico adoptadas ayer fue la licitación, por 122 millones, de dos tramos (Beasain oeste y Legorreta) del ramal guipuzcoano del AVE, que gestiona por delegación la Administración vasca y que acumula un notable retraso (sólo tiene un tramo de 2,8 kilómetros en marcha) frente a los 45 kilómetros ya en obras del ramal Vitoria-Bilbao gestionado por el Ministerio de Fomento. El Gobierno también aprobó la segunda convocatoria del programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas con un importe de 120 millones y libró igualmente otros 50 millones, de los 225 de un compromiso de crédito con el Banco Europeo de Inversiones suscrito justo anteayer: los destinó a actuaciones en la red de ferrocarril vasca. Así mismo, aseguró la ampliación de la lonja del puerto de Bermeo, comprometiendo 11,6 millones, la mitad para este año y la otra mitad para 2010.

Entre las materias que quedaron aprobadas ayer se cuentan una completa batería de convocatorias ayudas que en otros ejercicios se han realizado en distintos momentos, de manera individualizada o agrupadas en pequeños paquetes. Corresponden al Departamento de Cultura, que gestiona la propia Azkarate: además de aprobar el decreto que regula la habilitación profesional de los traductores e intérpretes jurados de o al euskera y crear su registro, dejó sancionadas 14 convocatorias subvenciones, por un importe 8,2 millones.

"Son ayudas que se dan anualmente", justificó. "El objetivo es que se resuelvan lo más rápido posible", añadió, tras señalar que será el nuevo Gobierno el que tenga que valorar las solicitudes. Las convocatorias conciernen desde el cine a la edición en euskera, los derechos lingüísticos o las competiciones deportivas internacionales.

Además de esos acuerdos de contenido económico, el Gobierno aprobó el plan de auditoría para 2009. Se ordena el examen financiero de todos los entes y sociedades públicas así como otros de procedimiento y gestión en algunos de ellos. Prevé también informes de 106 sociedades participadas por la administración, sobre cuyo control han extendido serias dudas los casos Guggenheim y Balenciaga.

El Gobierno acordó igualmente la obligatoriedad de aplicar por la Oficina de Control Económico un "manual para el control interno" y una "guía para el gobierno responsable" de entes, sociedades y fundaciones del sector público vasco. Entiende ahora el Ejecutivo que las entidades que lo forman "desarrollan sus actividades en sectores muy dispares, expuestos a riesgos que pueden afectar al cumplimiento de sus funciones". Por ello, se dispone "un enfoque proactivo de gestión de riesgo", para, entre otros objetivos, "salvaguardar sus recursos" y "mantener su reputación".

Igualmente quedó creado ayer el Observatorio de la convivencia escolar en la comunidad autónoma, un mandato parlamentario que data de marzo de 2007, y que se cumple también al borde del relevo del Ejecutivo. Finalmente, el Gobierno aprobó sendos decretos que regulan la coexistencia de los cultivos ecológicos y los modificados genéticamente y los centros de cumplimiento de penas de menores, así como los currículos de técnico superior en Vitivinicultura y Mecanizado.