Visto para sentencia

El juicio del caso Yak-42 concluyó ayer en medio de la emoción y tensión propias del recuerdo de la tragedia y habiendo cumplido en buena medida con su cometido: proyectar luz verdadera sobre unos hechos no sólo ocultados desde el principio sino tergiversados y sustituidos por un relato engañoso y gravemente atentatorio a la dignidad de los 62 militares víctimas de la tragedia y de sus familias.

Desde la perspectiva del cúmulo de obstáculos superados, procedentes no sólo del entorno político-militar afectado por los hechos sino de la propia justicia, reticente a investigarlos a fondo, el juicio sobre la tragedia del Yak-42 puede considerarse un triunfo del Estado de derecho contra la impunidad. De lo dicho y contrastado en la vista oral, el ministerio fiscal ha podido articular un informe acusatorio sólido contra los militares sentados en el banquillo -el general de Sanidad Vicente Navarro y el comandante y capitán médicos José Ramírez y Miguel Sáez- y sustentar la imputación de un delito continuado de falsedad documental en todo el proceso de identificación y traslado a España de los restos de las víctimas: desde las autopsias a los certificados de defunción, licencias de enterramiento y registros de los cementerios.

Como si el juicio no hubiera tenido lugar y los forenses turcos no hubieran dado su versión, la defensa del general Navarro ha seguido utilizándolos como coartada: fueron ellos los culpables del desastre de las identificaciones falsas, así como las prisas de las autoridades turcas "por quitarse de en medio los cadáveres". Por si acaso, la defensa de los otros dos acusados, subalternos de Navarro, se cuidó de responsabilizar a este último de los trámites de identificación y repatriación, lo que no les exculparía, aunque atenuaría su culpa, en caso de haber actuado contra la ley.

El juicio ha dado también pistas sobre la motivación de los acusados: llegar a tiempo del funeral de Estado programado por el Gobierno tres días después del accidente. Y aunque el fiscal se ha mostrado cauteloso dejando en el aire si las prisas "estaban determinadas por la celebración quizá de un acto o no", las acusaciones particulares han pedido al tribunal que deduzca testimonio en su sentencia para seguir investigando. La fecha de ese funeral de Estado pareció determinante para los acusados, por lo que debería investigarse si, a falta de una orden expresa, hubo algún tipo de sugerencia o indicación por parte de sus superiores que les indujera a actuar como lo hicieron. Como deben aclararse los testimonios contradictorios del ex Jemad Félix Sanz y del ex Jeme Luis Alejandre sobre el posible conocimiento por parte del entorno del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, de la identificación errónea de una parte de los restos a los que se rindió honores en el funeral de Estado. A Trillo debería preocuparle al menos tanto como una posible condena de sus antiguos colaboradores que se haga justicia y se respete como es debido a las víctimas.