La patata caliente está en la banca

Parece imposible encontrar un momento menos adecuado que el actual para hacer un traspaso de poderes. Cosas de la política. El hecho es que Elena Salgado ha aterrizado en el Ministerio de Economía cuando estaban casi listos dos proyectos para las entidades financieras que no pueden esperar demasiado tiempo. Además, todavía humea el polvorín organizado por la intervención de Caja Castilla La Mancha a finales de marzo, última y polémica actuación de Pedro Solbes y David Vegara, número uno y dos del anterior departamento de economía.

El primero de los asuntos -por orden de urgencia- son "las nuevas medidas de respaldo al sector financiero", como lo ha bautizado la propia vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. Es decir, las ayudas a las entidades en crisis. El segundo tema es la reforma de la Ley de Cajas de Ahorros, que tiene más plazo, y que es más compleja de sacar adelante porque exige consensos políticos, sindicales y de las comunidades autónomas. Algunos observadores consideran que será difícil que vea la luz hasta después de las elecciones europeas de junio próximo.

Los partidos piden que el Gobierno y no el Banco de España lidere los cambios

La reforma de las cajas exige un consenso que hoy es difícil de lograr

Mientras tanto, lo que ya está en marcha para favorecer el crédito es la recompra de activos y la concesión de avales para bancos y cajas.

Según fuentes financieras, el Gobierno podría ralentizar nuevas subastas de recompras de activos "para evitar gastar, ya que agudiza el déficit público. Sin embargo, los avales son más rentables para el Estado ya que cobra sólo por ceder el rating triple A", apuntan. Hasta ahora ha gastado 17.000 millones de euros en las cuatro subastas realizadas, frente a los 30.000 millones que se puso como primer límite.

¿Cómo gestionará la situación el nuevo equipo? Desde la Administración se pide más tiempo y menos presión. Recuerdan que la ministra lleva una semana en su puesto y que "es imposible hacer las cosas bien con improvisación". Si la prioridad de Economía se refleja por el orden de la agenda de la ministra, parece que el diálogo social está en la cúspide porque Salgado ha dedicado sus primeros días a recibir a sindicatos y patronales.

El Banco de España, como reconoció el gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, envía "casi a diario" al Gobierno papeles sobre la situación del sector. También mantiene reuniones con el PP y, al parecer, le ha facilitado documentos, lo que ha soliviantado al resto de grupos parlamentarios. "Hay que buscar el consenso de todos y la iniciativa no debe ser del Banco de España, sino del Gobierno", reclama el PNV. Entre las declaraciones sobre las pensiones y los planes de ayuda, Ordóñez se ha convertido en un personaje polémico en la política económica.

Pero el supervisor, con ser un agente de máxima cualidad en el proceso (como ha afirmado el presidente Zapatero), no es la única fuente de la ministra. La gran incógnita es cuál será la aportación de Salgado a los planes de Solbes, que eran un guiso casi cocinado.

Desde la Administración se pide paciencia y "que nadie se tire a la piscina". Hasta ahora, Juan Ramón Quintás, presidente de la CECA, ha sido el único que ha hablado de un plazo "de varias semanas" para que el fondo de ayudas a las entidades esté en marcha. "Lo importante", contrastan fuentes financieras, "es que se defina cómo se interviene, qué condiciones de viabilidad debe cumplir la caja o el banco que reciba el dinero, qué papel jugará el Estado para controlar los recursos prestados y al equipo directivo, cuál será el papel y la responsabilidad del Banco de España".

La Ley de Cajas es el gran melón que falta por abrir. Desde Cataluña (por boca del presidente Montilla y La Caixa) y desde Euskadi (el PNV) se recela de la reforma. "Parece que partimos del hecho de que las cajas son malas y los bancos son buenos. Es incorrecto, como se puede comprobar mirando a Europa y a Estados Unidos", dice Pedro Azpiazu, portavoz de Economía del PNV. Sin embargo, tanto sindicatos como partidos reconocen que se pueden reformar aspectos de las cajas, como la manera en la que puedan recapitalizarse o la reducción del peso de los políticos en los consejos. La intención es bajarlo desde el 50% hasta el 25% o menos.

"Podemos hablar para mejorar aspectos, pero si alguien busca reformar las cajas para privatizarlas, nos tendrá siempre enfrente. Dar poder político a las cuotas participativas para que entre el Estado o los bancos es una manera de acabar como en Italia, donde han desaparecido las cajas y el mercado es más ineficiente y hay más exclusión social", afirma José María Martínez, secretario general de Comfía-CC OO.

Otros expertos consideran que mientras dure la crisis financiera no habrá consenso para reformar la ley. Otros creen que sin cambios, las cajas lo pasarán mucho peor y no se reordenará el sector. Un gran dilema para Salgado.