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Andalucía lidera, Cataluña dimite

Cambio de Gobierno. Lo nuevo de la apuesta del presidente Zapatero es su llamada a la cohesión territorial, a causa, quizá, de la insistente apelación desde ciertas instancias sociales -incluidas las económicas- a la necesidad urgente de racionalizar el proceso autonómico. Esto significa que el instinto político del presidente ha detectado -desde la perspectiva electoral que siempre prioriza- el riesgo de que la política autonómica hastíe a los españoles y la posibilidad de que éstos aplaudan -en aras de la eficacia- cierta refacción de la Administración central.

Así las cosas, interesa destacar dos hechos. El primero es la irresistible ascensión de Andalucía al liderato de la España periférica. Para entenderlo es preciso partir de una premisa: la dialéctica política dominante en España se centrará progresivamente en la contraposición de intereses entre el centro -el Gran Madrid- y las comunidades de la periferia: no sólo las históricas, sino también las emergentes de Levante y el Sur. Pues bien, no es el peso político de Manuel Chaves -sin duda grande- el que le ha proyectado a la vicepresidencia tercera del Gobierno, con el encargo de encauzar el Estado autonómico, comenzando por la resolución del espinoso tema de la financiación. Lo determinante ha sido el peso político de Andalucía, que ya resultó decisivo en los albores del proceso autonómico, al imponer el "café para todos", y que se ha consolidado desde entonces, gracias -en parte- a la dimisión catalana.

El cambio de Gobierno confirma el ascenso del Sur al frente de la España autonómica
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Este hecho merece una reflexión. La contribución de Cataluña a la conformación de España ha sido decisiva, hasta el punto de que -en algunos mo-mentos- ha podido pensarse que la relación que para simplificar conocemos como Madrid-Barcelona era una relación bilateral: no jurídica, pero sí cultural y económica. Pero, desde hace algún tiempo, esta relación ha cambiado gracias, en parte, al crecimiento espectacular del Gran Madrid, y gracias también a la dimisión catalana, que ha dejado de entender la política española como un proceso de regeneración del Estado, que a todos afecta y a todos beneficia, para considerarla como un terreno de juego impuesto en el que sólo importa obtener un buen resultado en la confrontación bilateral planteada.

Cada vez que un político catalán dice que a él sólo le importan los intereses de Cataluña ahonda en esta dimisión. Cuesta otorgar responsabilidades sobre la comunidad de propietarios a un vecino que dice, por activa y por pasiva, que a él sólo le importa su apartamento.

No obstante, también ha de apuntarse la posibilidad de que esta dimisión sea consecuencia del agravio continuado que supone la reiterada negativa a aceptar, por parte de la comunidad de propietarios, cualquiera de las reiteradas reformas que -éstas sí en beneficio de todos- el propietario hoy disidente ha reiterado hasta la extenuación. Pero, sea como fuere, lo cierto es que resulta difícil hablar hoy de un proyecto compartido entre España y Cataluña. La ruptura sentimental es evidente.

El segundo hecho significativo es que estamos ante un momento crucial de la historia de España. Manuel Chaves ha asumido el encargo de racionalizar el Estado autonómico. Nada que objetar en principio.

Pero esta racionalización puede entenderse en un doble sentido: 1. Como desarrollo del Estado autonómico hasta lograr que culmine en un Estado federal, proceso para el que se precisará una reforma constitucional que convierta el Senado en una cámara territorial decisoria y establezca los órganos de colaboración vertical y horizontal -hoy inexistentes- que eviten la proliferación de relaciones bilaterales entre Gobierno central y Comunidades, pues no hay Estado que pueda soportar media docena o más de relaciones bilaterales. 2. Como revisión a la baja del Estado autonómico, mediante la recuperación de competencias por parte del Gobierno central, en aras de la unidad de mercado, de la eficacia y de la eficiencia de determinadas políticas, etc., etc.

La decisión por una u otra opción es una cuestión -la cuestión por antonomasia- en la que España se juega su futuro. Deberá extremarse la prudencia y decidir con rigor si la única salida aún viable para conformar España como una casa común acogedora para todos es o no culminar su estructuración jurídica como un Estado federal. Habrá que ponderar para ello la realidad plural de España, el arraigo irreversible del Estado autonómico -que ha generado en cada Comunidad sendos núcleos de poder e intereses sin vuelta atrás (Manuel Chaves lo sabe)-, así como el nivel de desafección existente en varias Comunidades respecto a cierta idea de España. Una idea instrumentalizada al servicio de determinado núcleo de poder político-financiero-funcionarial-mediático transversal, que -por simplificar- se designa como "Madrid".

La otra salida -la involución centralista- no es tal: resultará inviable a corto plazo, por afeites que se usen, y generará enfrentamiento. Y si se opta por dejar las cosas como están en aras de la conllevancia, el resultado será -con palabras de Azaña- impotencia y barullo.

Juan-José López Burniol, notario, es miembro de Ciutadans pel Canvi.

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