La defensa de Alierta alega que el 'caso Tabacalera' está prescrito

La defensa del presidente de Telefónica, César Alierta, pidió ayer que se anulen las actuaciones por la supuesta compra de acciones de Tabacalera utilizando información privilegiada al no existir agraviados ni perjuicio para los intereses generales, y por estar prescritos los hechos al haber transcurrido más de cinco años desde los hechos hasta que se presentó la querella que dio origen al procedimiento.

La Sección 17 de la Audiencia de Madrid inició ayer el juicio contra el presidente de Telefónica, César Alierta, y su sobrino, Luis Javier Placer, a los que el fiscal Anticorrupción acusa de haber comprado acciones de Tabacalera sabiendo que las cotizaciones iban a subir por la información de que disponían, y haber obtenido así una ganancia de 1,86 millones de euros. La sesión estuvo dedicada a la presentación de cuestiones previas a cargo del defensor de Alierta, Horacio Oliva, quien planteó el sobreseimiento de la causa por prescripción del delito o su anulación por vulneración de la tutela judicial efectiva.

Horacio Oliva mantuvo que el supuesto delito de que se acusa a Alierta no afectó a intereses generales ni existieron agraviados por el mismo, por lo que no cabe aplicar el tipo agravado del delito que se da en tales supuestos y cuyo plazo de prescripción es de 10 años.

El abogado explicó que sólo cabría aplicar, en su caso, el tipo básico del delito, cuyo plazo de prescripción es de cinco años. Según Oliva, el supuesto delito se habría consumado el día en que las acciones de Tabacalera habrían alcanzado su máxima revalorización, es decir, el día 26 de septiembre de 1997. Y la querella inicial contra Alierta se presentó el 22 de noviembre de 2002, por lo que ya habrían transcurrido los cinco años del plazo y el delito estaría prescrito. El defensor de Placer, Nicolás González-Cuéllar, añadió otras dos cuestiones y pidió que cesase la "persecución penal inquisitorial contra los acusados".

El fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, que pide una pena de cuatro años y medio para los acusados, replicó que el juicio al presidente de Telefónica demostraba que "la justicia es igual para todos" al impedir que "los poderosos jueguen sucio".

Luzón defendió que "indiciariamente" el delito no está prescrito, porque para computar la prescripción debe contemplarse la pena máxima posible en toda su extensión, incluida la conducta agravada. Por tanto, el plazo a contar es de 10 años, al menos hasta que se determine el delito, tras celebrarse el juicio. Y aseguró que el delito afectó a los intereses generales porque afectó a la credibilidad del mercado y a los intereses de los inversores. El tribunal resolverá en los próximos días si continúa el juicio.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0014, 14 de abril de 2009.

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