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Columna
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El Gobierno resultante

En el pasado régimen, la fecha del 18 de julio tenía un aire fatídico que amenazaba la continuidad de los ministros, siempre en precario y obligados cada mañana a ofrecer pruebas de adhesión inquebrantable al Caudillo para ahuyentar la llegada del motorista con la carta de destitución. Con la democracia, el umbral se ha trasladado a la Semana Santa desde aquel Sábado de Gloria con Madrid desierto que aprovechó Adolfo Suárez para proceder a la legalización del Partido Comunista de España (PCE). Así que nada como la desertización de la capital del reino para proceder a la remodelación del Gabinete, del mismo modo que las vacaciones parlamentarias se han convertido en el momento más propicio para disolver las Cámaras y convocar las elecciones legislativas.

Gravitaba la perentoriedad del relevo de Chaves por su desgaste tras casi 20 años al frente de la Junta

Las cumbres encadenadas en Londres, Kiehl, Estrasburgo, Praga y Ankara parecían indicar que los cambios quedarían para después de las elecciones al Parlamento europeo fijadas para el 7 de junio. Pero se ha demostrado que el telefonino ha declarado abolidas las distancias. Aceptemos que el primer cambio ya estaba incoado después de que el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, mostrara su envidia por la condición de ex que desde hace unas semanas lucía Mariano Fernández Bermejo, sustituido en la cartera de Justicia en premio a sus aficiones cinegéticas. También gravitaba la perentoriedad de un relevo en la presidencia de la Junta de Andalucía, resultado de las encuestas que acusaban el desgaste de su titular después de casi 20 años en el puesto. De modo que las fuerzas en presencia apuntaban en principio a la sustitución de Solbes en Madrid y de Manuel Chaves en Sevilla, pero luego se sumaron factores sobrevenidos aún pendientes de identificar con precisión.

Las apuestas previas daban por suprimidos los ministerios de Igualdad, de Vivienda y de Innovación cuyas competencias hubieran podido añadirse a los departamentos de Asuntos Sociales, Fomento e Industria. Pero esa señal de rigor y austeridad ha quedado para mejor ocasión. Conviene enseguida analizar la retirada de Chaves de la Junta de Andalucía, que ha hecho un papelón despidiéndose de improviso a la francesa con escaso respeto institucional. Aceptemos la necesidad de recolocarlo, pero hubiera podido tener otras encomiendas en el organigrama, incluido algún destino diplomático de postín. En ninguna parte estaba escrito que se requiriera hacerle sitio al relevado en el Gabinete situándolo al frente de una vicepresidencia tercera y del nuevo Ministerio de Política Territorial, resultado del desguace del de Administraciones Públicas. Veremos si estas nuevas responsabilidades arbitrales son las más adecuadas para quien hasta ayer era uno de los contendientes en el campeonato de liga de las comunidades autónomas.

Capítulo aparte merece el trasiego de competencias. La vuelta de las Universidades al Ministerio de Educación, después del año que han pasado adscritas al Ministerio de Innovación. El caso de las Políticas Sociales, que estuvieron en el Ministerio de Trabajo, se desgajaron para pasar al de Educación y ahora se añaden al de Sanidad. Luego, las competencias de la Secretaría de Estado de la Función Pública, procedentes del antiguo Ministerio de Administraciones Públicas, que regresan de un largo exilio a su matriz, el Ministerio de la Presidencia. Y la excéntrica decisión adoptada respecto al Consejo Superior de Deportes y a la Secretaría de Estado del Deporte, que estuvieron en Cultura, después en Educación y pasan a depender directamente del presidente del Gobierno, tal vez como premio de consolación a cambio de la promesa incumplida hecha en plena euforia a Sánchez Vicario de crear un nuevo departamento para su gestión. Por el camino, ha sido relevada en Fomento Magdalena Álvarez, ahora que nadie reclamaba su destitución, y en Cultura César Antonio Molina, buscando congraciarse a través de Ángeles González-Sinde con los del cine, a los que tanto debemos.

Un observador desapasionado hubiera concluido que alguien estaba contraprogramando para oscurecer los éxitos internacionales del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Pero en este caso se trata del ejercicio de competencias exclusivas que le reconoce el artículo 100 de la vigente Constitución y nadie más puede meter la cuchara en ese puchero. Así llegaremos a diciembre y los Presupuestos Generales del Estado necesitarán para ser aprobados unos apoyos exteriores al PSOE que están en el aire. Suerte a los ministros que llegan. Veremos.

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