Bruselas planea castigar la morosidad administrativa con un recargo del 5%

El retraso en el pago por parte de las administraciones públicas europeas es "intolerable" y se ha convertido en una enfermedad crónica fruto de la dejadez y del abuso de poder que cada año hace quebrar a miles de empresas y cuesta decenas de miles de empleos, según denunció ayer Günter Verheugen, vicepresidente de la Comisión Europea.

Para acabar con el azote, Verheugen quiere forzar la liquidación de las facturas en un plazo máximo efectivo de 30 días sin excepciones y que los retrasos supongan una sanción del 5% más la obligación de pagar intereses de demora. La medida llegará tarde para muchas pequeñas y medianas empresas (pymes), toda vez que la reforma no saldrá de Bruselas antes de fin de año, en el mejor de los casos, y se aplicaría en 2010.

Se trata de cumplir el plazo máximo de 30 días para liquidar facturas

La crisis económica y la desecación de los canales crediticios hacen aún más lacerante, y letal, el problema que sufren una ingente cantidad de empresas pequeñas y medianas de la UE, que han visto convertida su victoria en un concurso público en un calvario. La morosidad total, incluida la que se genera entre empresas privadas, suma 1,8 billones de euros en la UE, según cálculos de la Comisión. De ellos, 1,2 billones se generan en el sector público. Recientemente, el Parlamento Europeo aireaba datos mucho más dramáticos al señalar que uno de cada cuatro casos de quiebras de pymes europeas se debe a la morosidad, en particular de las administraciones públicas.

El responsable de Empresas e Industria en la Comisión estaba ayer furioso con este estado de cosas. A su juicio, los retrasos son totalmente incomprensibles, dado que cuando las administraciones convocan concursos públicos y hacen adjudicaciones tienen disponibles las correspondientes partidas.

Verheugen no utilizó la palabra "incomprensible", porque tenía otro arsenal más grueso para calificar los hechos. "Dejadez, mala gestión y abuso de poder" de los poderes públicos ante las pymes, principales fuentes de empleo en la UE, fueron sus palabras. Fue lógica su conclusión: "El retraso en los pagos por las administraciones públicas es intolerable".

"Se ha convertido en una enfermedad" que una economía en crisis no puede permitirse y que tiene un deletéreo efecto dominó sobre otras empresas y sobre la economía, dijo Verheugen. El débil músculo económico se debilita aún más con la dilación: una empresa que no cobra no puede pagar a sus empleados o a sus proveedores, o cierra y deja colgados a unos y a otros.

Como tratamiento para esta enfermedad, el vicepresidente alemán de la Comisión propone introducir cambios en la directiva sobre morosidad de 2000, la llamada Ley de la Pequeña Empresa. Esa directiva establece un plazo igualmente de 30 días para pagar, salvo acuerdo entre las partes. Ahora se mantienen los 30 días, pero se quiere asegurar que se cumplen realmente eliminando las excepciones, además de la imposición de una multa del 5% sobre la cantidad adeudada desde el primer día de retraso en el pago. En lo relativo a la morosidad entre empresas, Verheugen apuntó que se prohibirán las cláusulas que nieguen el pago de intereses en caso de morosidad.

La propuesta va en sintonía con lo manifestado el mes pasado por el Parlamento Europeo, que aprobó por abrumadora mayoría una moción no vinculante para favorecer y promover las pymes en la UE. En ella se recomienda, entre otras medidas, la fijación a escala continental de unos plazos de liquidación de pagos por parte de las administraciones públicas y se sugiere que el lapso sea más corto para las pymes que para las sociedades de mayor envergadura, en teoría dotadas de superiores capacidades financieras.

Esta propuesta de reforma de la directiva del año 2000 ha de ser aprobada por el Parlamento y por el Consejo (los Gobiernos), que es juez y parte en esta disputa. El vaivén comunitario puede alargarse hasta finales de año, pero Eurochambres, la patronal europea, consideraba ayer que más vale tarde que nunca.

"Aunque tiene un alcance limitado, la propuesta representa un importante paso para ayudar a las empresas europeas, en particular las más pequeñas, que en estos tiempos de crisis se ven asfixiadas por los retrasos en los pagos, por una parte, y por el difícil acceso al crédito bancario, por otra", señala un comunicado de Eurochambres. Un reciente sondeo de esta organización realizado sobre 220 compañías reveló que el 43% había visto incrementar el plazo de los pagos pendientes por parte de las administraciones públicas. Cuando los pagadores son privados, los plazos se habían alargado en el 60% de los casos.