El 'ararteko' considera "inadmisible hablar de menores irrecuperables"

El ararteko, Iñigo Lamarca, mostró ayer su desacuerdo con la posición defendida el día anterior por la Diputada de Política Social, Maite Etxaniz, que solicitó el pasado miércoles en las Juntas Generales la repatriación de aquellos menores inmigrantes que han "agotado las posibilidades ofrecidas, tanto educativas como de inserción". "No podemos admitir que se hable de menores irrecuperables, sería asumir el fracaso del sistema. No se puede tirar la toalla, sean de donde sean los chavales", declaró el Defensor del Pueblo vasco a este periódico.

Lamarca reconoce que la situación es muy compleja y que la petición por parte de los entes forales de que intervenga el Gobierno central es razonable. Pero considera que "bajar la calidad de los recursos para acabar con el supuesto efecto llamada sería inaceptable", aunque Euskadi sea, después de Canarias, Ceuta y Melilla, el territorio que más jóvenes acoge en proporción a su población. Afirma que se pueden ofrecer otro tipo de respuestas, dando ejemplo de la atención a los menores autóctonos: "El País Vasco ha generado recursos para estos chavales, que necesitan una atención específica que combine medidas disciplinarias con una intervención social educativa específica. El Defensor del Pueblo [estatal] denunció que varios centros para menores con problemas de conducta no estaban cumpliendo la normativa, mientras en Euskadi no detectó problemas. Se pueden hacer bien las cosas", afirma Lamarca por teléfono, recién llegado de su visita a Marruecos, donde acudió con una delegación de defensores del pueblo para conocer de cerca la realidad local de los menores en situación de desprotección.

"Euskadi ha generado recursos para los autóctonos conflictivos"

EB solicita poder visitar el centro donde los menores denuncian maltrato

El ararteko explica que ha abierto un expediente de queja a la Diputación de Guipúzcoa por las denuncias de malos tratos y abandonos realizadas por varios menores alojados en el centro de Deba ante la justicia. "Hemos pedido a Diputación información con pelos y señales sobre el funcionamiento del centro", precisa. El personal de la institución realizó una visita exhaustiva por sorpresa el pasado sábado 14, tres días después de que los chavales declararan ante la Fiscalía. "Tenemos información de primera mano que contrastaremos con el ordenamiento jurídico", concluye, explicando que la institución sólo se pronuncia a través de sus resoluciones.

Recalca Lamarca que el debate sobre la atención a menores extranjeros no puede hacerse "a golpe de titulares", sino que necesita de un análisis integral, con todas las partes implicadas. "En los debates falta profundidad. Se suelen hacen peticiones generadas por la actualidad y se habla de endurecer la ley, pero ¿es eso lo más efectivo?, ¿por qué no se ponen más medios en el campo preventivo?". Sobre las posibles repatriaciones, que dependen del Ministerio del Interior, recuerda: "España ha ratificado la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia. Ésta obliga a que las administraciones competentes atiendan a los menores en situación de desprotección. Se prohíbe su retorno salvo circunstancias excepcionales y siguiendo un procedimiento garantista: si va a volver, tiene que ser reagrupado con su familia o el país de origen debe garantizar que la atención que recibirá allí será adecuada".

Por otro lado, la portavoz de EB en las Juntas, Arantza González, ha solicitado al Departamento de Política Social de la Diputación que organice una visita al centro de Deba para que los junteros puedan conocer "de primera mano" el mismo y su funcionamiento. González recalcó la importancia de que Diputación garantice "el acceso fácil y diario" a los centros de iniciación profesional a "la totalidad de los menores inmigrantes". Los jóvenes llevados a Deba, considerados los más conflictivos por el ente foral, no tienen derecho a acudir a los talleres educativos si se quedan en el centro.