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Poder abortar y no poder votar

La ministra de Igualdad del Gobierno de España nos ha sorprendido con una propuesta sobre la modificación de la Ley de Interrupción del Embarazo que, como mínimo, genera una polvareda de dimensiones incalculables en el conflicto nunca acabado con la Iglesia católica y, por lo que se percibe, con sectores diversos en pensamiento e ideología de la sociedad española.

Nadie puede dudar de la intención que anima al Gobierno de España de continuar en su política de igualdad entre todos los ciudadanos y de eliminación de cualquier tipo de barrera que entorpezca esa idea de igualdad, tan querida para quienes dicen profesar una ideología socialdemócrata. Gracias al impulso de los socialistas, en la España de hoy los jubilados por los que no se contribuyó en su vida laboral disfrutan de una pensión, habiéndose acabado gracias a ella y a las ayudas de integración, con el concepto de beneficencia. Y hay que recordar la conquista que supuso, durante los gobiernos de Felipe González, el hecho de que todos los españoles de 3 a 16 años tengan una escolarización garantizada y que todos los españoles, cualquiera que sea su condición, puedan disfrutar de una asistencia sanitaria de calidad.

Una decisión tan importante no puede tomarse con la inmadurez propia de la adolescencia
Una ley clara y comprensiva evitará los riesgos de los actos clandestinos

José Luis Rodríguez Zapatero ha ampliado la nómina de derechos, hasta el punto de que la igualdad entre géneros es ya casi una conquista real en nuestra sociedad. Gracias a su impulso, los homosexuales han dejado de estar perseguidos en España y disfrutan de idénticos derechos en sus relaciones afectivas que los heterosexuales. Todo ello ha contribuido a conseguir que la sociedad española sea más justa, más igualitaria y menos casposa de lo que lo era cuando esas conquistas eran pura entelequia.

Es entendible que si el Presidente del Gobierno decidió crear un Ministerio para la Igualdad, la ministra nombrada para tan inmensa tarea se haya puesto manos a la obra, siendo la reforma de la legislación de la Interrupción del Embarazo la que promete convertirse en su ley estrella. Nada que decir sobre el derecho que asiste a la mujer a decidir libremente sobre su maternidad. Son entendibles las razones de los defensores de la posición contraria, y bien que podrían ayudar a conformar una opinión consensuada cuando sean capaces de no esconder la cabeza debajo del ala ante la evidencia de que las cosas se conducen como va a decir la ley y no como ellos pretenden que diga.

Nos guste o no, si la legislación no es clara, transparente y comprensiva, las mujeres que se encuentren en situación no deseada por ellas, articularán cualquier subterfugio para evitar, de la manera que sea, una maternidad no querida. Cuanto antes el

legislador sea capaz de amparar -sin dañar derechos constitucionales fundamentales- esas situaciones para que de ilegales y clandestinas se conviertan en legales y protegidas por los poderes públicos, mucho mejor para las mujeres y para los hombres.

Ahora bien, quienes tenemos un criterio capaz de comprender, apoyar y defender esas reformas, nos encontramos inmersos en un mar de dudas, o en una negativa en mi caso, cuando nos encontramos con el polémico precepto que permitirá que las adolescentes puedan decidir, dentro de las limitaciones que establezca la ley, abortar en el supuesto en que no deseen tener un hijo como consecuencia de un embarazo inmaduro y no pensado. Hay millones de páginas escritas sobre la adolescencia y la inestabilidad que esa etapa de la vida supone para los que en ella se sitúan.

La ministra de Igualdad ha pronunciado una frase que parece resumir su filosofía y su principal argumento para defender el aborto en adolescentes mayores de 16 años sin la autorización paterna: "Si se pueden casar con esa edad, pueden también abortar". Parece impecable el razonamiento y tiene la posibilidad de encadenarse hasta la extenuación. Véase si no: "Si pueden abortar, no hay razón para que, si delinquen con 16 años, gocen de una legislación especial para el cumplimiento de condenas". "Si pueden abortar, pueden comprar tabaco y bebidas alcohólicas en cualquier establecimiento autorizado como los demás". "Si pueden abortar, pueden tener relaciones sexuales sin que se considere abuso de menores los supuestos contemplados en la ley, cuando de menores de edad se trata". "Si pueden abortar, no necesitan permiso de los padres o tutores cuando tengan que viajar al extranjero". "Si pueden abortar, pueden entrar en discotecas". "Si pueden abortar, ¿por qué no pueden votar?".

La Constitución Española establece la mayoría de edad a los 18 años para que los ciudadanos españoles adquieran determinados derechos, que sólo se pueden ejercer cuando se llega a esa edad. Se deduce fácilmente, que si una persona no es mayor de edad, es menor de edad. Y se infiere que si se es menor de edad, los padres o tutores tienen la obligación y la responsabilidad de ejercer la patria potestad sobre esos adolescentes. No parece razonable que la ministra pretenda eliminar esa responsabilidad tutora a los padres, en un asunto tan delicado cual es una intervención quirúrgica, para que algo que puede ser, sea o deje de serlo, con un argumento tan poco razonable y consistente como el de "Si se pueden casar, pueden abortar".

Si los adolescentes de la circunscripción electoral de la que la ministra fuera diputada no pueden tener capacidad legal para decidir entre la lista electoral de la ministra y las listas de sus adversarios políticos, ¿cómo explica ella que quien no puede votar pueda abortar? Los efectos que producen el derecho al voto pueden ser corregidos en la próxima ocasión en que se tenga la oportunidad de votar, pero los efectos que produzca la decisión de abortar son irreversibles, no tienen marcha atrás ni posibilidad de ser corregidos en años posteriores.

Tal vez, la ministra de Igualdad, llevada por su deseo de igualdad y ausente de malicia, ha ido demasiado lejos en lo que significa la moralidad en una parte del electorado y en las propias filas de su partido que, históricamente, como todos los partidos de izquierda, ha sido muy restrictivo en asuntos de moralidad.

Entiendo que éste es un problema sobre el que debería pronunciarse el PSOE a través de su máximo órgano de dirección entre Congresos, es decir, mediante debate y votación en el Comité Federal. Si la propuesta de la ministra resultara aprobada, parece necesario que el debate se abra a la sociedad y concluya con un referéndum, donde sea la soberanía nacional la que decidiera con su voto.

Yo anuncio mi desacuerdo con una medida que provoca más problemas de conciencia de los que, ya de por sí, conlleva algo que las propias mujeres califican de hecho traumático y doloroso, cual es el aborto. No creo que ningún padre o madre entienda que en ese proceso, traumático, doloroso e irreversible, su hijita, su pequeña niña de 16 años, se encuentre sola, aunque una ley la protegiese.

La jerarquía católica acaba de desenvainar, una vez más, la espada para oponerse al todo, conduciendo a una división entre los partidarios y los detractores del derecho a ejercer libremente la maternidad. Monseñor Camino ha vuelto sobre sus pasos con un argumento imposible de sostener entre los que aspiramos a racionalizar el debate. Ahora sí, dice Monseñor, el fin justifica los medios que la jerarquía va a utilizar, para desarmar a los católicos y a los que no lo son, de argumentos razonables.

Monseñor Camino es experto en perder campañas contra el Gobierno, incluso cuando lo hace bien. En este caso, lo ha hecho rematadamente mal.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha sido presidente de la Junta de Extremadura.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 26 de marzo de 2009.

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