Aguirre lanza un plan de vivienda que no convence a los promotores

Vender una casa en Madrid se ha convertido en una proeza. Cada vez hay más pisos que no encuentran comprador, y eso le preocupa al Ejecutivo regional. En lo que va de año se han realizado casi un 35% menos de operaciones que en el ejercicio anterior, según datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El panorama no es muy favorable al ladrillo: los bancos han reducido el crédito, el precio de los pisos cae cada mes y los consumidores esperan a que se sigan abaratando para comprar. La pescadilla que se muerde la cola. El mercado de la vivienda, que tan sólo un año antes tiraba de la economía madrileña, se ha convertido en un lastre.

Ante este panorama, la Comunidad anunció un nuevo plan de Vivienda para revitalizar el sector, tras fracasar en su intento de sacar 25.000 inmuebles baratos al mercado mediante un convenio con promotores y bancos anunciado a bombo y platillo.

El proyecto retoma una iniciativa que ya puso en práctica el Gobierno nacional

La consejera de Vivienda, Ana Isabel Mariño, fue la encargada de exponer los escasos detalles de un proyecto descafeinado que carece de financiación. En realidad, no es más que un cambio de legislación para flexibilizar el concepto de vivienda protegida.

La nueva idea es que los promotores conviertan las viviendas libres que no pueden vender en pisos protegidos. Para ello tendrán que acogerse a los precios públicos. No es una novedad. La medida se asemeja a una de las iniciativas del Plan estatal de Vivienda que el Gobierno nacional aprobó en enero de 2008.

El plan no gusta mucho a los promotores. "Las administraciones tienen que poner algo de su parte para que sea atractivo convertir pisos libres en protegidos", insiste José Manuel Galindo, presidente de la asociación de promotores inmobiliarios de Madrid (Asprima). Galindo rechaza valorar el nuevo plan regional de vivienda, pero advierte: "Si no ponen nada de su parte no hay estímulo para hacer vivienda protegida".

El plan regional también simplifica los tipos de vivienda protegida: las viviendas a precio básico (para rentas familiares inferiores a 40.597 euros) y las de precio limitado (para rentas familiares menores a 55.360 euros). Los promotores podrán construir pisos públicos de hasta 150 metros cuadrados en régimen de arrendamiento, compraventa o alquiler con opción a compra.

Para fomentar la promoción de vivienda de alquiler con opción a compra, los usuarios podrán acogerse a este modelo en el quinto año sin necesidad de esperar hasta el séptimo, como ocurría hasta ahora. Además, se limita la protección de estas viviendas durante 10 años. Transcurrido este plazo, el propietario podrá vender el piso en el mercado libre.

El diputado socialista Antonio Fernández Gordillo criticó ayer el plan porque "llega con retraso, no incluye objetivos, ni financiación". Además, agregó, "sólo favorece a los promotores".