El presidente de Sudán desafía al tribunal de La Haya

El presidente de Sudán, Omar al Bashir, visitó ayer brevemente Eritrea en su primer viaje al extranjero desde que la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, ordenara este mes su captura acusándolo de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la región de Darfur. Al Bashir se reunió en Asmara con su homólogo eritreo, Isaias Afwerki, antes de regresar en el mismo día a Jartum. El viaje se mantuvo en secreto.

Los medios de comunicación locales y algunos destacados islamistas sudaneses habían aconsejado el domingo a Al Bashir no viajar a la cumbre de la Liga Árabe, a final de mes en Qatar. El de ayer "parece un acto simbólico, un desafío, mostrar que puede hacerlo [viajar] y que la orden [de captura] no es significativa", aseguró Fuad Hikmat, analista del International Crisis Group con base en Kenia. "Sólo ha cruzado su frontera para visitar a un vecino que no tiene muchos contactos con la comunidad internacional. La verdadera cuestión es si podrá cruzar el espacio aéreo internacional para ir a Qatar", dijo.

Mutrif Siddig, subsecretario del Ministerio de Exteriores, explicó que el viaje fue en respuesta a una invitación del Gobierno de Eritrea. "Si hubiéramos pensado que existía un riesgo para el presidente, no le habríamos permitido viajar. Pero creímos que era seguro. (...) Si esta situación vuelve a presentarse, la evaluaremos. Vamos a ir caso por caso", dijo en referencia a la cumbre de Qatar.

El asistente del presidente, Nafie Ali Nafie, aseguró a los periodistas reunidos en el aeropuerto de Jartum que Al Bashir tiene previsto visitar algunos países africanos, pero no especificó cuáles ni dio detalles de los mismos. La Liga Árabe, la Unión Africana, China y Rusia han pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que utilice sus poderes para suspender la orden de captura de la CPI. EE UU, Reino Unido y Francia rechazan esa posibilidad.

Las ONG calculan que unas 300.000 personas han muerto en Darfur en los últimos seis años de conflicto y tres millones han sido expulsadas de sus casas. El Gobierno de Jartum sólo reconoce 10.000 fallecimientos.