El 10% de los barceloneses tiene riesgo de exclusión social

Inmigrantes recién llegados, los que se establecieron en Barcelona hace cinco o más años (en tiempos de bonanza económica, y que ahora están en paro) población autóctona también desempleada o con ingresos familiares reducidos a la mitad, gente mayor en una situación cada vez más precaria, madres solas, etcétera. El perfil de los usuarios de los servicios sociales del Ayuntamiento se está haciendo tan diverso y dispar que ni los responsables políticos ni los trabajadores definen una fotografía fija. Lo que sí está claro es que la demanda de ayudas no para de crecer. En 2008, fueron 148.000 las personas que pasaron por alguno -o varios- de los programas sociales del Consistorio, lo que casi representa el 10% de la población de la ciudad.

Las ayudas sociales llegan a dos de cada tres personas que las necesitan

Y el propio Consistorio considera que la atención llega a dos de cada tres personas que lo necesitan. El tercero no ha acudido a la Administración en demanda de alguna ayuda por diferentes motivos, uno importante es tener apoyo de la familia. Es más, los técnicos sociales prevén que la demanda se puede disparar a partir de verano de este año, cuando se calcula que terminará el subsidio de desempleo de un número importante de parados y residentes en Barcelona. Esas estimaciones fueron explicadas ayer por Ricard Gomá (ICV), segundo teniente de alcalde del Consistorio y responsable del área social.

Gomá presentó una avalancha de cifras sobre la evolución de los programas sociales desde 2005, cuando se aprobó el Plan de Inclusión Social. La evolución pone en evidencia que cada año hay más demanda de ayudas sociales. Por ejemplo, en 2005 los usuarios fueron 110.000 frente a los 148.000 del año pasado. Pero la curva ascendente se ha disparado a partir de septiembre del año pasado, cuando la crisis económica se tradujo en miles de parados más. Así, los comedores sociales y las ayudas económicas vinculadas a la vivienda son dos de las demandas que más han crecido. Por ejemplo, en diciembre los comedores sociales atendieron a 2.052 personas y en febrero, a 2.733. A lo largo del año pasado se sirvieron 339.573 comidas, el 28% más que en 2007. Esta demanda, según reconocen los propios responsables municipales, puede incrementarse más a lo largo de 2009. Hasta el punto de que el cheque-comedor, un tipo de asistencia que hasta ahora era rechazada, podría acabar por implantarse.

En cuanto a las ayudas económicas de los servicios sociales, a las que se destinaron casi siete millones de euros, más del 50% estaban vinculadas a la vivienda, como ayudas al pago del alquiler o de los servicios de suministros. El servicio de apoyo al acceso de la vivienda -en el que la Administración hace de mediadora entre el propietario y el inquilino- también va creciendo y en tres años 1.500 familias han accedido a un alquiler social. Es una línea de ayuda que el Consistorio quiere ampliar ante el previsible aumento de la demanda. Su éxito depende, en buena medida, de que el propietario se avenga a cobrar un alquiler más moderado que del mercado libre pero con la garantía de la Administración.

La progresión al alza también se está registrando en los albergues y en los usuarios de los centros de día y de programas de inserción.

Por el contrario, precisamente por efecto de la crisis, el Consistorio prevé que las peticiones de ayudas al reagrupamiento familiar de la inmigración se estanquen.

La mayor demanda se ha notado en el gasto municipal en los servicios sociales vinculados a la inclusión, que ha pasado de 69 millones de euros en 2005 a 120 el año pasado. Y ante un previsible aumento de las ayudas sociales por el panorama de la crisis económica, Gomá hizo un llamamiento a las otras administraciones -especialmente la central y la Generalitat- a incrementar el gasto para que no sean los municipios los que tengan que afrontar la papeleta, ya que es la Administración que menos fondos tiene.