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Editorial:

Opacidad tripartita

El pasado clientelismo de CiU no justifica la falta de transparencia del Gobierno de Montilla

El masivo encargo de informes y dictámenes externos por parte del Gobierno catalán, muchos de ellos de dudosa utilidad y contratados a dedo a ex colaboradores del tripartito, ha puesto en tela de juicio el rigor del que hizo gala el Ejecutivo de José Montilla en sus comienzos.

Tras salir a la luz el contenido de estudios como el dedicado a la almeja brillante, a la seguridad en China o informes hechos a base de recortes de prensa, Montilla y sus socios de Gobierno, Josep Lluís Carod Rovira (ERC) y Joan Saura (ICV), han decidido negar a la oposición parlamentaria copias de otros documentos solicitados. Con ello, desairan la petición del presidente del Parlamento, Ernest Benach, quien les instó a facilitar fotocopias de los textos.

Montilla contraargumenta aseverando que es quien encarga los informes el responsable de dictaminar, en cada caso, si éstos deben o no ver la luz en el Parlamento. Con esta decisión, menoscaba gravemente la transparencia que debe presidir todos los actos de un Gobierno. Y que tanto reclamaron quienes lo conforman, con razón, cuando estaban en la oposición: contra la opacidad, la manipulación de sondeos, la ocultación de contratos y las demás actividades clientelares en las que Convergència i Unió sobresalió. El líder socialista catalán prometió rigor, y una auditoría oficial, sobre los informes dudosos. En la más benévola de las hipótesis, espera efectuar él mismo la limpieza (futura) cuya necesidad se deduzca de las conclusiones de esa auditoría. Intentaría demostrar así que el Gobierno está más interesado que la oposición en eliminar prácticas nepotistas.

Pero esa apuesta táctica nunca debiera desafiar el deber de transparencia (inmediata) ante los ciudadanos. El argumento de que es el Gobierno y no los diputados quien debe dictaminar qué informes son públicos y cuáles no chirría con el reglamento del Parlamento, votado hace apenas tres años. Reglamento que establece que el Ejecutivo debe facilitar el acceso a la documentación para que sus señorías la estudien y tomen notas "si, dada la índole de la documentación o según la normativa vigente, no pueden facilitarle copia de la misma". Estudios sobre la construcción de un aparcamiento subterráneo o sobre la satisfacción de los usuarios de un teléfono de atención al ciudadano difícilmente pueden ser considerados secretos, contra lo que pretende el tripartito.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 20 de marzo de 2009