El Ararteko censura a Álava por quitar un bebé a sus padres sin pruebas
La Diputación asumió la tutela del menor sólo con el testimonio de un familiar
Sin pruebas y sin garantías suficientes, la Diputación de Álava declaró a un bebé de pocos meses en situación de desamparo y, por ello, obligó a sus padres a entregarles al pequeño para asumir su tutela legal. El ararteko Iñigo Lamarca ha hecho pública una resolución, que se puede consultar en su web (www.ararteko.net), en la que reclama al Ejecutivo foral que revise la declaración de desamparo del menor porque no ha utilizado "los instrumentos técnicos de valoración adecuados" para estos casos: entrevistas con los padres, informes del pediatra o de los servicios sociales de base.
El Ararteko no puede legalmente entrar a comentar si la situación de desamparo existe o no, ni precisa datos sobre los padres, sino que se pronuncia sobre el procedimiento seguido por la Diputación, que, a su juicio, no ha respetado las garantías que deben tomarse para adoptar decisiones tan trascendentales. "La importancia del vínculo entre madre y bebé en los primeros meses de vida es vital para su desarrollo, por lo que debe haber razones muy fundadas que aconsejen la separación", razona el Defensor del Pueblo vasco en su informe.
El pediatra del bebé le ha visto "bien atendido" y sin indicios de maltrato
Lamarka no tiene datos de que se contrastase la denuncia inicial
Todo comenzó el pasado enero, cuando una mujer se dirigió al Ararteko porque la Diputación alavesa había declarado a su bebé de menos de un año en situación de desamparo y dictó una resolución asumiendo su tutela legal. En principio, los padres se negaron a entregar al pequeño, pero la Diputación les denunció al juez. Finalmente, la pareja tuvo que entregar "en sede judicial" a su hijo a los servicios de infancia forales. En estos momentos, el bebé sigue acogido por la institución foral.
La Diputación, única institución competente para asumir la tutela de los menores, se puso en marcha cuando recibió un informe del Servicio de Infancia y Familia del Ayuntamiento de Vitoria, que recogía única y exclusivamente el testimonio facilitado por un familiar del padre, en el que aseguraba que la pareja no podía atender correctamente al recién nacido. La declaración, por tanto, corresponde a una persona ajena a los servicios sociales oficiales.
El Ararteko aprecia varias limitaciones a este informe. En primer lugar, no incorpora ningún documento médico, psicológico o social que demuestre la desatención del menor. Tampoco consta que ningún trabajador social haya visto al niño ni el lugar donde viven los padres, haya hablado con éstos o haya visitado a la familia desde el día en que nació el pequeño.
Los servicios sociales municipales habían mantenido dos entrevistas con la madre, una en 2002 y otra en junio de 2008, ambas antes de que naciera su hijo. Dichos servicios no volvieron a hablar después con ningún miembro de la familia, salvo el denunciante, antes de tomar su decisión.
Los padres han aportado además a Lamarka un informe del pediatra del bebé que precisa que "la madre ha acudido en todas las ocasiones en que se le ha requerido para las consultas del programa de salud infantil y en algún proceso agudo a petición de la familia". "En todas ellas", prosigue el facultativo, "hemos observado un niño bien atendido, con buen cuidado higiénico, con una relación afectiva padres-hijo que no ofrecía ninguna duda, con un seguimiento adecuado de las indicaciones nutricionales, higiénicas y de prevención que se les proporciona en las consultas y en ningún momento se ha sospechado que fuera motivo de trato inadecuado y mucho menos que fuera objeto de malos tratos o conducta irresponsable por parte de sus padres".
Al Ararteko no le consta que ni los servicios de infancia del Ayuntamiento ni la Diputación hayan hecho nada para contrastar la información facilitada por el citado familiar, al que el propio Ejecutivo foral alude como "observador". "Se han tomado por ciertas las referencias a las interpretaciones, conductas o formas de ser de una madre y un padre realizadas por una persona que no tiene conocimiento técnico y no está adscrita a ningún servicio público", apunta Lamarka, y recuerda que se ha comprobado que el padre no tiene antecedentes policiales.
