Economía investiga si hubo irregularidades al contratar un informe a un ex alto cargo

Pagos por informes de dudosa utilidad, encargo de dictámenes sin concurso público a amigos y familiares y, ahora, contrataciones que podrían resultar ilegales por burlar la Ley de Incompatibilidades de los altos cargos. El Departamento de Economía encargó en 2007 un informe sobre la aportación de la cultura a la economía a Xavier Marcé, nada más abandonar éste la dirección del Instituto Catalán de las Industrias Culturales (ICIC). La ley de Incompatibilidades limita mucho las labores que los ex altos cargos pueden desarrollar para la Generalitat en los dos años siguientes a su cese. El encargo le llegó a Marcé a los pocos meses de dejar su puesto en Cultura. Economía ha abierto una investigación interna para averiguar si hubo vulneración de la legalidad.

El de Marcé es uno más de los cerca de 1.500 informes pagados por la Generalitat a asesores externos en 2007 que han levantado la polémica por su alto coste, dudosa utilidad o por haber sido elaborados con simples recortes de prensa. En este caso la polémica se centra en si el que fue director general del ICIC cuando el Departamento de Cultura estaba dirigido por la socialista Caterina Mieras, podía seguir asesorando -y cobrando- a la Generalitat tras dejar su puesto.

Marcé cobró 11.400 euros para elaborar un estudio sobre el valor añadido de las industrias culturales en la economía catalana. El estudio debía servir, según ha explicado el propio autor, para definir el papel de la cultura en el pacto para la competitividad impulsado por el Gobierno catalán. El informe, de 50 páginas, se encargó, redactó y pagó en 2007.

El problema es que la ley de Incompatibilidades de los Altos Cargos aprobada en 2005 podría ahora obligar a revisar aquel contrato. El artículo 7 de la ley dicta: "Los altos cargos al servicio de la Generalitat, durante los dos años siguientes a su cese en el cargo por el cual han sido nombrados no pueden acometer actividades privadas relacionadas con los expedientes en la resolución de los cuales hayan intervenido directamente en el ejercicio del alto cargo, ni suscribir, personalmente o mediante empresas o sociedades, ningún tipo de contrato de asistencia técnica, de servicios o similares con la Administración, los organismos, las entidades o las empresas del sector público en las que han prestado servicio como alto cargo".

En plena polémica por los informes, y cuando los responsables de los encargos han sido ya citados a declarar en por el fiscal, el Departamento de Economía ha decidido investigar si el artículo 7 de la ley de Incompatibilidades fue o no burlado por el encargo a Marcé.

El afectado niega cualquier ilegalidad. "Al dejar el cargo, el Departamento de Gobernación me informó de que sólo caía en situación de incompatibilidad si antes de dos años iba a trabajar para alguna empresa relacionada directamente con el trabajo que desempeñé en la Administración", asegura Marcé. "Lo que hice fue crear mi propia sociedad para asesorar a quien me contratara y, efectivamente, me contrataron la Generalitat, el Ministerio de Cultura y otras administraciones". El ex director del ICIC mantiene que de haber incompatibilidades más estrictas sería "muy difícil" el regreso de los altos cargos de la Administración al sector privado.

La investigación de la Generalitat, encargada por el secretario general de Economía, Martí Carnicer, deberá averiguar si, efectivamente, Marcé y el propio departamento incurrieron en alguna irregularidad. El expediente de información reservada abierto por Economía se resolverá "en pocas semanas", aseguraron ayer fuentes del departamento.

Por su parte, CiU pidió ayer amparo al presidente del Parlament para poder tener copia de la documentación original de los convenios suscritos entre Cultura y el Ayuntamiento de Sabadell, informa Joan Foguet.