La fiscalía llama a declarar a cargos de la Generalitat por los informes dudosos

La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha llamado a declarar a diversos cargos de varios departamentos de la Generalitat que encargaron informes de dudosa utilidad de manera directa. Las declaraciones se producen en el marco de las diligencias de investigación abiertas por la fiscalía tras la denuncia presentada por el sindicato ultra Manos Limpias, en la que se imputaba la supuesta comisión de varios delitos por el contenido de esos informes.

Un portavoz de la fiscalía invocó ayer la discreción que requieren estas investigaciones, pero precisó que las personas que han declarado o declararán han acudido en calidad de testigos. Las mismas fuentes declinaron concretar los cargos que ocupan los declarantes, aunque sí precisaron que son las personas que encargaron los informes ahora investigados. Las declaraciones, que se iniciaron hace unos días y continuarán hoy y la próxima semana y afectan a personas de diversos departamentos de la Generalitat.

Entre los investigado figuran cargos del Departamento de Agricultura, dirigido por Joaquim Llena (PSC). Este departamento es uno de los que más informes encargó en 2007 y algunos de ellos han despertado todo tipo de suspicacias entre la opinión pública y la oposición.

Recortes y detectives

Llena, por ejemplo, gastó 11.000 euros en un estudio de asesoramiento para decidir si editaba una guía gastronómica sobre platos tradicionales. Lo curioso del informe, además del propio encargo, es que no contiene ningún tipo de conclusión. Agricultura también gastó en el año 2007 otros 1.740 euros en otro informe sobre productos tradicionales de la tierra que no es más que un compendio plagado de obviedades, como la constatación de que "hay que disponer de herramientas para la promoción de las diferentes producciones de Cataluña hacia los mercados exteriores".

La fiscalía también pidió copia de otro informe por el que Llena pagó 30.000 euros a una agencia de detectives. Se trataba de averiguar si algunos productores de avellana tenían realmente derecho a recibir las subvenciones. El informe en cuestión es, en su mayor parte, una recopilación de recortes sobre la normativa europea de subvenciones.