La retirada de la empresa denunciante cierra la polémica del mobiliario vitoriano

La polémica de la doble adjudicación por resolución judicial del mobiliario urbano de Vitoria se ha diluido como un azucarillo en agua después de que Elmusa, la empresa a la que el Tribunal Supremo dió la razón por haber ganado el primer concurso en 2001, no haya firmado el contrato. La crisis ha jugado a favor del Ayuntamiento vitoriano, que evitará así pagar una indemnización millonaria o cambiar todas las marquesinas de la ciudad.

Elmusa no puede hacer frente a los términos de la oferta de hace ocho años. La firma, que mantuvo un duro pulso judicial con el consistorio, pretendió en el último momento que se modificasen los términos del contrato antes de su formalización, sabiendo que el Ayuntamiento nunca podría acceder a este cambio porque la ley lo impide.

El concejal de Urbanismo, el socialista Juan Carlos Alonso, recalcó ayer que la no formalización del contrato supone su resolución. "El servicio de contratación ya está redactando el informe correspondiente para su anulación", explicó el edil.

Los hechos se remontan a 2001, cuando el PP y UA gobernaban en minoría la corporación vitoriana. Ambos grupos habían alcanzado un principio de acuerdo con el PSE para convocar un concurso de adquisición de mobiliario urbano (marquesinas, papeleras, postes, etcétera). Cuando estaba a punto de concederse a la empresa Elmusa, los socialistas cambiaron de parecer y el pleno (junto a PNV-EA, EH y EB) echó atrás el concurso y promovió una nueva convocatoria que ganó otra empresa, Cemusa. El cambio de opinión del PSE se basaba en que la propuesta de Elmusa no favorecía los intereses municipales.

Elmusa recurrió esta nueva convocatoria hasta llegar al Supremo, que en julio pasado le dio la razón. Eso sí, debía admitir los términos del pliego de condiciones de la primera convocatoria y de la oferta con que concurrió. Ocho años más tarde, la crisis impide a la firma asumir aquellos presupuestos y le obliga a la retirada pese a su victoria judicial. El Ayuntamiento se plantea pedirle responsabilidades económicas.