Los sindicatos esperan que los pactos firmados no terminen siendo papel mojado

La legislatura del bipartito, además de crear una consellería específica para dinamizar el empleo, pivotó sobre dos pactos firmados con sindicatos y patronal: la Declaración institucional polo diálogo social y el Acordo pola competitividade. Su continuidad depende de la voluntad política de la nueva Xunta de Galicia gobernada por el Partido Popular, aunque parte de los compromisos quedaron atados, por lo menos en su vertiente legislativa. Dentro del diálogo social se firmaron varias leyes: la nueva norma reguladora del Consello Galego de Relacións Laborais, la Ley de Participación Institucional y la de creación del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral. Se establecieron planes para la prevención de riesgos y la responsabilidad social de las empresas y se sentaron las bases de la negociación colectiva. Estos acuerdos permitieron una relativa paz social en la calle pese al inicio de la crisis y el vertiginoso aumento del desempleo.

El futuro presidente, Alberto Núñez Feijóo, se va a encontrar con una situación distinta. Podría dar continuidad, o no, a las progamas específicos Aurora (para el empleo femenino), Contigo, el Plan Galego de FP y contra la siniestralidad laboral que dependen de la consellería dirigida por Ricardo Varela.

Los sindicatos le han pedido que siga apoyando presupuestariamente las nueve medidas del diálogo social y el acuerdo por la competitividad, que se suponía iba a sentar las bases para un cambio del modelo productivo en Galicia pero que no ha tenido mucho recorrido. José Antonio Gómez, secretario de UGT, cree que gracias a todo lo anterior Galicia puede presumir de una tasa de paro inferior a la media española. Lo mismo opina Xan María Castro, que esta semana se despedirá al frente de CC OO tras nueve años y que aspira a que se mantengan los acuerdos sin que se vuelvan a segregar las competencias de Traballo. La CIG es el sindicato más beligerante. Suso Seixo advierte que no espera "grandes cosas", del nuevo Gobierno, con el que su formación mantiene "profundas discrepancias", a menos que se dedique a hacer "autocrítica", y se aparte de las "subvenciones directas a las empresas para la contratación".