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Boadilla cede suelo a una firma que ofreció 13 millones menos que otra

El Ayuntamiento estudia ahora suspender el contrato con la adjudicataria

Boadilla del Monte (42.000 habitantes) no es famosa por su pujante industria. Más bien lo contrario. Su entorno agreste, rodeado de bosques de encinas, la convierte en una ciudad residencial y tranquila. En este escenario, el ex alcalde, el imputado en la trama de corrupción Gürtel Arturo González Panero (PP), reservó suelo municipal para la industria local. La idea era construir naves en el polígono Prado del Espino, junto al campo de golf de la Ciudad Financiera del Banco Santander. Para ello decidió convocar un concurso para levantar estos locales y llevar su gestión. Sólo se presentaron dos empresas: Inmoconfidence y Cip Dealer. Tras valorar las propuestas, el equipo de gobierno adjudicó en noviembre de 2008 a Cip Dealer la edificación de los locales industriales y la gestión de los mismos a cambio de un canon anual de 358.500 euros. Esta oferta es 126.755 euros inferior a la presentada por la otra competidora. Como el plazo de adjudicación es de 99 años, el Ayuntamiento de Boadilla deja de ganar 12,6 millones de euros en ese periodo.

Cip Dealer se llevó el concurso sólo por crear una 'web' o instalar publicidad

En la evaluación de las propuestas económicas, Cip Dealer no recibe ninguna puntuación por ser la oferta más baja. Ganó el concurso por aspectos técnicos tales como "apoyo a la publicidad que se instala en el complejo; instalación de un tótem de información municipal; ubicación de un monolito informativo del complejo o creación de una página web...". Otros criterios de valoración son el plazo de construcción de las naves o su calidad arquitectónica. Aunque hay poca diferencia entre una propuesta y otra, todos los puntos van a favor de Cip Dealer.

El objeto social de esta empresa es el comercio al por mayor de productos duraderos. Su administrador, Mariano Pascual Guevara, es representante de un entramado de más de 25 empresas. Declinó dar su opinión sobre el asunto a este periódico.

El ex regidor de Boadilla, suspendido cautelarmente de militancia del PP desde hace cinco días, aunque está imputado por su presunta participación en la trama de corrupción en administraciones gobernadas por el PP que investiga el juez Baltasar Garzón, ha mostrado, según fuentes de su corporación, su deseo de seguir controlando los asuntos relativos a obras del municipio. Los grupos de la oposición (Alternativa por Boadilla y PSOE) han denunciado el concurso ante los tribunales al considerar que fue irregular.

Fuentes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte anunciaron que los servicios jurídicos municipales estudian este contrato. "Puede ser resuelto en los próximos días", desvelaron. Las mismas fuentes explican que la empresa tenía la obligación de depositar un aval en un plazo de 15 días desde la adjudicación y no lo ha realizado. "Se está revisando el contrato", dicen.

El portavoz del partido independiente Alternativa por Boadilla (APB), Ángel Galindo, considera que se trata de "otra adjudicación claramente lesiva para los intereses públicos y otro ejemplo más en que el PP de Boadilla adjudica a la empresa que menos ofrece. El municipio deja de ingresar más de 12 millones de euros".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 9 de marzo de 2009