Un juez investiga la compra de pisos de rentas bajas para echar a vecinos

Un juzgado de Barcelona investiga un entramado de sociedades dedicada a la compra de viviendas de renta antigua en el barrio del Raval, con la única finalidad de acosar a los vecinos e intentar su desalojo. El hostigamiento dura ya diez años y las supuestas víctimas son, en todos los casos, personas vulnerables por su edad o bien de escasa formación y recursos económicos.

Una de las personas que ha sufrido en carne propia el acoso es Carmen Lorente, una mujer de 39 años que vive con su marido y sus tres hijos en la finca situada en el número 33 de la calle de Robadors. "Aquí entran y salen clientes todo el día. Los dormitorios de las prostitutas están al otro lado de la pared. Vivir así es imposible", explica Lorente, que lleva más de 20 años viviendo en el edificio y hasta hace poco pagaba un alquiler mensual de apenas 120 euros.

"Nos cambiaba los recibos del agua para denunciarnos por impago"

La humedad, las grietas y las ratas se han apoderado de algunas viviendas

La investigación es insólita en España y se inició tras la querella presentada por el fiscal especial antimobbing de Barcelona, Fernando Rodríguez Rey. En ella se relata que los inquilinos han sido amenazados directamente por los siete querellados o a través de terceros, por encargo. También se dice que se les ha interrumpido el suministro eléctrico y de agua o se les ha intentado hacer creer que tenían que fimar un nuevo contrato.

El fiscal enumera en la querella los diez inmuebles en los que se ha producido el supuesto acoso inmobiliario y considera que los acusados pudieron cometer un delito de coacciones y otro contra la integridad moral. Los querellados son administradores de diversas sociedades propietarias de los inmuebles, que supuestamente operaban en torno a Mundilex SL, una sociedad de abogados dirigida por el letrado José Antonio Gracia Vicente. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guadia Urbana de Barcelona registraron ese bufete el pasado día 3 y se incautaron de diversa documentación. Este diario intentó ayer sin éxito contactar con Gracia Vicente.

Además de este abogado, los querellados a los que en los próximos días tomará declaración el Juzgado de Instrucción 16 de Barcelona son: los hermanos Salvador y Miguel Boluda Vila, José María Sifres, Antonio Mancebo Arqued, Joaquim Masip y José Galve Cortés. Las sociedades propietarias de los diez inmuebles en los que se produjo el supuesto acoso inmobiliario son Ulist SL, London Homes SL y Qoty List SL.

Otra de las formas de mobbing que relata el fiscal consiste en introducir en algunas viviendas de los edificios personas dedicadas a actividades molestas y perjudiciales para el resto del vecindario, como la prostitución, el tráfico de drogas o habilitar pensiones ilegales. Se trata de una coacción, asegura el fiscal, que no pretende otra cosa que "la creación de un ambiente hostil e inadecuado para el ejercicio del derecho constitucional a la vivienda".

Lorente y su familia viven en tensión desde el año 2000. "El propietario nos empezó a putear. Nos cambiaba los recibos de agua y luz para denunciarnos por impago", relata Lorente, que no deja de fumar y pasa las noches en blanco. A la hija pequeña tuvo que sacarla de su habitación: el techo está hundido y podría caer. Lo mismo que el del lavabo, sostenido precariamente por una viga de madera instalada por el marido. Lo que sí se ha venido abajo, por culpa de la humedad y la dejadez, es un buen trozo del techo de otra de las salas.

Las precarias condiciones de vida han obligado a muchos vecinos a marcharse. Si Lorente se ha quedado no ha sido por orgullo ni por gusto. Ni siquiera por reclamar justicia. El único impedimento es que carece de medios para ir a cualquier otra parte. "Si hemos aguantado los años malos de este barrio [el Raval, antes conocido como barrio chino], ¿por qué ahora que empieza a ponerse bonito no podemos disfrutarlo?"

Igual que en casa de Lorente, en el piso donde viven una anciana y sus dos hijas el olor a humedad es intensísimo y se convierte en insoportable cuando pasan más de diez minutos. "Hemos tenido que tapar muchos agujeros y poner un detector", relata María Pilar Salvador, de 67 años, en alusión a las ratas que corren por la finca y se cuelan en el comedor. Uno de los suelos está completamente hundido, como un cuenco gigante. "Un día nos sacarán de aquí, pero será entre escombros", vaticina Salvador.

El hilo que ha conducido a identificar ese entramado fue una operación policial desarrollada en Barcelona el pasado mes de junio en la que se desarticuló una red organizada supuestamente dedicada a la explotación de la prostitución. La investigación de las sociedades que permitían esa actividad condujo a identificar las empresas propietarias de esos inmuebles y la trama de acoso inmobiliario. El fiscal asegura que ese entramado ha comprado en los últimos años 166 viviendas de renta antigua, en las que los contratos se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, que no permite la actualización a los actuales precio de mercado.

La querella también relata que los vecinos han sido amenazados y que la propiedad ha desatendido los expedientes administrativos del Ayuntamiento de Barcelona exigiendo que se hicieran obras de mantenimiento.