El Congreso debate agilizar las ayudas para los hijos de divorciados

CiU ha presentado una moción en el Congreso para que se flexibilicen los requisitos para acceder al llamado fondo de alimentos, una prestación económica que reciben los hijos de las parejas divorciadas cuando el que ha de pasar una pensión no lo hace.

El procedimiento para solicitar esta ayuda es tan intrincado que muchas mujeres no lo hacen. Tanto es así que el escaso número de peticiones se ha traducido en una rebaja de los presupuestos asignados para este fondo, que han pasado de 10 millones a 300.000 euros, según explica CiU en su moción. Procedimiento tan farragoso y disuasorio sólo sirve en realidad para percibir como máximo 100 euros por descendiente durante un plazo de 18 meses, y la ayuda es incompatible con otras. Ese dinero no es más que un anticipo por parte del Estado, que después lo reclamará al deudor, el padre divorciado.

Además, el plazo para resolver estas solicitudes es de tres meses (dos en caso de urgencia). Demasiadas demoras y trámites disuadían a las mujeres para solicitar este fondo. Aunque no son pocos los casos en que los hijos quedan en desamparo si el padre no transfiere el dinero para su manutención.

Fondo desnaturalizado

Todos los inconvenientes detectados, dice la diputada Mercè Pigem, han "desnaturalizado el espíritu por el cual se creó" el fondo. La moción, según dicen los nacionalistas catalanes, cuenta con el apoyo de los socialistas, aunque el texto puede sufrir algunas modificaciones.

También tiene el beneplácito de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, una organización que desde que se aprobaron los últimos presupuestos no ha cejado en reclamar eso mismo, que se aumente el fondo y que se simplifique el procedimiento administrativo para cobrar esa ayuda.

Por otro lado, los hijos de una víctima mortal de violencia de género cobrarán la paga de viudedad que genera la muerte de su madre y la sumarán a la pensión de orfandad. Esa paga no podía cobrarla el marido agresor desde 2004, porque se detectó que algunos la reclamaban tras matar a la mujer. Una modificación de la Ley contra la Violencia de Género en 2007 permitía de oficio que los hijos cobraran esta pensión. Ayer, en Consejo de Ministros, se aprobó un decreto que fija ese derecho definitivamente.