Parches laborales
El grave deterioro del empleo exige algo más que las medidas aprobadas ayer por el Gobierno
La crisis de la economía española, sin ser más intensa ni registrar mayores traumas bancarios que los que sufren otros países, se manifiesta en un deterioro intenso del mercado de trabajo. La razón fundamental es la existencia de una proporción de empleo en el sector de la construcción que, debido al peso específico que tiene en el PIB, duplica la existente en el resto de Europa. La mayor parte del empleo de la construcción es de carácter temporal y el hundimiento de la vivienda simplemente lo está expulsando. Esas dos circunstancias explican mejor que la rigidez legal del mercado de trabajo unos registros de paro en España superiores a los de otros países avanzados. La naturaleza del problema aconseja tratarlo no mediante el abaratamiento del despido, sino abaratando el empleo en la medida de lo posible.
Por eso son bienvenidas las decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros de ayer, aunque conviene anticipar que sólo serán una vía de compensación parcial de ese grave deterioro que va a seguir sufriendo el empleo y el desamparo en el que van a ir quedando muchas familias. Mitigar estas carencias, reducir la exposición de los trabajadores sometidos a los ERE mediante la reposición del derecho a la prestación por desempleo, al tiempo que se fomenta la ocupación mediante bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social o se facilita el aplazamiento del pago de las mismas, son algunos de los buenos propósitos del conjunto de seis medidas anunciadas por el Gobierno.
Especial relevancia tiene el impulso a los contratos a tiempo parcial como forma de aumentar las oportunidades de acceder al empleo. La escala progresiva de porcentajes de bonificación de las cuotas a la Seguridad Social es razonable, dada la escasísima proporción de este tipo de contratos en el conjunto del empleo español. Deseable es también que esa otra intención de mejora de los servicios públicos de empleo no descarte la cooperación con instancias privadas y, en todo caso, vaya emparejada con la muy necesaria agilización en el cobro del subsidio de desempleo.
Son todas ellas medidas hoy convenientes, pero no se puede aspirar a que sean soluciones a los dramas del número cada vez mayor de desempleados en España. Como tampoco lo son las sucesivas líneas de financiación del ICO, de lenta y burocrática transmisión a los que las necesitan. La única forma de reducir el daño causado por el mayor paro de la historia es hacer frente a las razones que lo están originando: la mortalidad empresarial derivada del grave racionamiento del crédito y la ausencia de demanda para aquellas otras empresas que puedan funcionar sin crédito. Y esto exige algo más que una reacción rápida a malos datos de paro: un plan de respuesta en el que la inversión pública facilite igualmente la transición a un patrón de crecimiento menos vulnerable y más competitivo.
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