Más de 10.000 personas trabajan en la red de sociedades vinculada al Gobierno

El sector público vasco y las empresas participadas por el Gobierno, diputaciones y ayuntamientos han sido objeto de controversia política entre el poder y la oposición durante los últimos años. La mayor crítica que ha recibido el Ejecutivo, tanto de partidos como de sindicatos, ha sido la falta de control sobre el entramado societario público y la privatización del servicio público. Los últimos escándalos de los casos Guggenheim y Balenciaga, donde fallaron todos los controles, ha dejado en evidencia el flanco débil que ofrecen este tipo de sociedades participadas por dos o más administraciones y donde las auditorías brillan por su ausencia.

El Gobierno publica cada dos años el libro El sector público empresarial de la Comunidad Autónoma. Lo edita el Departamento de Hacienda y Administración Pública y el último salió en 2007. El cruce de los datos de este informe con la sucesiva información aportada por el Gobierno al Parlamento hasta 2006 fija el número de trabajadores de las sociedades participadas (aquellas en las que el Gobierno tiene menos de un 50%), en 7.783 trabajadores, a los que hay que sumar los 2.916 trabajadores declarados como existentes en las empresas públicas (donde la participación del Gobierno es del 50% o más). La plantilla final dependiente de la Administración y fuera del Estatuto de la Función Pública y, por lo tanto, al margen de las exigencias de mérito y capacidad requeridas a los funcionarios, es de por lo menos 10.699 trabajadores. Los puestos de trabajo en los entes y sociedades públicas han crecido un 11,33% desde el año 2000 al 2009, según los datos del Gobierno.

El Ejecutivo defiende el modelo por la eficacia de la gestión

El Gobierno tiene la mayoría del capital en 105 empresas y fundaciones

Un análisis realizado en la anterior legislatura por la parlamentaria socialista Joana Madrigal determina que el número de sociedades participadas por el Gobierno vasco entre 1998 y 2006 se incrementó en un 8%, pasando de 53 a 57. Además, es en 2002 cuando el Gobierno decidió reconvertir su participación en el sector público: "Se crean menos empresas con capital mayoritario del Gobierno, puesto que son las empresas existentes las que a su vez constituyen entes, fundaciones, institutos, agencias, etcétera; estas últimas con participación inferior al 50% del capital", explica Madrigal. "Las empresas públicas", añade, "se convierten en las nodrizas y, mediante ingeniería financiera, en multitud de nuevas empresas, entes, fundaciones, agencias..., de capital totalmente público".

La principal consecuencia es que escapan al control directo de la Oficina del Control e Intervención del Gobierno, debido a que el capital lo poseen más de dos sociedades públicas del Gobierno o del Ejecutivo y otras instituciones. En estas sociedades la contratación de personal, de bienes y servicios y de fondos quedan prácticamente a la entera libertad de sus gestores. Los puestos de las sociedades participadas también se evaden del control del Tribunal Vasco de Cuentas y de las auditorías.

Según los presupuestos para 2009 aprobados en diciembre por el Parlamento, estas sociedades cuentan con 3.271 personas. Esta cifra representa más de la mitad de los funcionarios con que cuenta la Administración general vasca (6.003 personas), entre los que no se incluyen las plantillas de la Ertzaintza, la Administración de Justicia, la enseñanza y Osakidetza.

La legislatura recién finalizada ha venido marcada por las quejas de la oposición sobre el control de las sociedades públicas y sus participadas. Y, de momento, nadie se encuentra en condiciones de garantizar ese control, como lo han demostrado los casos Balenciaga y Guggenheim. Las sociedades que gestionan ambos museos (en ellas intervienen una o varias administraciones, pero ninguna tiene más del 50% del capital, aunque puedan estar íntegramente sufragadas con fondos públicos), se han construido y funcionan con un modelo de gestión ajeno a los controles públicos. Esta circunstancia ha favorecido que se produjera un quebranto a las arcas públicas: en el Guggenheim, con el desfalco del ex director financiero y la ruinosa compra de dólares, y en el Museo Balenciaga con las diversas tropelías de sus gestores.

El cruce de los datos de la publicación del Gobierno con la respuesta parlamentaria de enero de 2007 al PP sobre sociedades participadas determina que Euskadi tiene una presencia mayoritaria en 105 empresas y fundaciones, sin incluir Visesa (Vivienda), que figura desglosada en Alokabide, SA y Orubide, SA, y una participación minoritaria en al menos en 58 empresas, donde la participación pública es mayoritaria gracias a diputaciones y ayuntamientos. El capital invertido en las primeras es de 1.382,8 millones de euros. De éstas, 32 perdían dinero en 2005 (casi 59 millones de euros de pérdida en total) y la aportación presupuestaria para ellas fue de 185 millones.

Un ejemplo de los cruces entre sociedades es Neiker, dependiente del Departamento de Agricultura al 100%. Neiker participa con un 54% en Azti, de la que el Gobierno tiene otro 44%. No está considerada sociedad pública y no es auditada por el Tribunal Vasco de Cuentas (TVCP), a pesar de que al final la participación de la comunidad autónoma es del 98%. Este ejemplo se repite en otras como en la Fundación Elika, que es propiedad al 100% de Neiker y de la Fundación Kalitatea.

El Gobierno defiende el modelo, incluso ignorando los requerimientos del TVCP, que ha pedido de manera reiterada auditorías anuales y doble firma en las operaciones bancarias. Nunca ha precisado los motivos para desarrollar esta red paralela de trabajo, más allá de las formulaciones genéricas sobre la oportunidad y la eficacia en la gestión. El conjunto de empresas resulta mucho más importante en unos departamentos que en otros. Destacan especialmente Agricultura e Industria.