Un pacto económico nacional

La economía española, tras 14 años de crecimiento elevado e ininterrumpido, apoyado en dos choques externos positivos, primero la contundente caída de los tipos de interés reales al entrar en la Unión Monetaria y posteriormente la llegada de más de cuatro millones de inmigrantes en siete años, tenía que entrar en recesión. Los bajos tipos de interés incentivaron a familias y a empresas a endeudarse en exceso y provocaron una gran burbuja de la vivienda, reforzada por la mayor demanda de la población inmigrante y de extranjeros comunitarios.

La coincidencia de la crisis financiera internacional y la explosión de la burbuja inmobiliaria hacen esta recesión más grave y duradera que las anteriores. La primera ha hecho que la financiación del abultado endeudamiento privado con ahorro externo se haya encarecido, cuando no secado. La segunda ha hecho que los precios de la vivienda estén cayendo progresivamente y que la construcción residencial se haya colapsado.

Bajar los impuestos y reducir los costes del despido no son fórmulas mágicas frente a la crisis

Cabe congelar precios, tarifas y salarios, unificar los contratos laborales y reformar la educación

Finalmente, dado el bajo crecimiento de la productividad entre 1995 y 2006, la economía española ha sufrido una pérdida de competitividad, medida por los costes laborales unitarios, de un 30% frente a la Zona Euro (ZE), área que absorbe más del 60% de nuestras exportaciones, produciéndose una notable apreciación del tipo de cambio real español frente a dicha zona. Tradicionalmente, ante una apreciación real se devaluaba el tipo de cambio nominal de la peseta (cuatro veces entre 1992 y 1994). Dado que esto es hoy imposible, la única forma de conseguir una devaluación real es mediante un crecimiento menor de nuestros costes de producción y márgenes de beneficios y un crecimiento mayor de nuestra productividad que los de la ZE.

Frente a estos tres retos (financiero, inmobiliario y de productividad), una fuerte expansión fiscal pública para compensar la caída de la demanda privada, como la que el Gobierno español está ya acometiendo de forma contundente (2% del PIB), no es suficiente para salir de la recesión. Son también necesarias políticas de oferta para elevar la productividad y recuperar la competitividad perdida. Dado que el Gobierno ha dado a entender que sólo acometerá reformas estructurales si hay consenso con los agentes sociales, parece imprescindible un pacto nacional entre el Gobierno, los Ejecutivos autonómicos y los agentes sociales que consensúe una serie de medidas que den confianza a los ciudadanos y permitan una recuperación más robusta.

Unas de corto plazo, comprometiéndose a que la expansión fiscal sea lo más eficiente posible en términos de empleo y productividad y a conseguir una mayor estabilidad de precios y costes para ganar competitividad. El Gobierno debe explicar cómo va a financiar más adelante la expansión fiscal actual comprometiéndose a financiarla con un menor gasto público futuro, cuando el gasto del sector privado y los ingresos públicos se recuperen, en lugar de con mayores impuestos. El FMI ha demostrado que la inversión pública directa suele ser más eficiente que la reducción de impuestos para aminorar la recesión o evitar la depresión ya que su efecto multiplicador euro por euro es superior.

Ahora bien, una cosa es que no convenga bajar los impuestos y otra diferente es que haya que comprometerse a devolver rápidamente al sector privado todo lo que las administraciones públicas le deben y a que tanto el sector público como el privado establezcan límites razonables a sus plazos de pago. Asimismo, hay que comprometerse a que la expansión fiscal no sólo consiga un impacto real rápido, sino que sea rentable en términos de aumento del empleo a corto plazo y de mejora de la productividad a largo plazo.

La experiencia muestra que, en medio de una recesión, reducir los costes de despido lo único que consigue es que las empresas aprovechen para desprenderse de un mayor número de sus empleados y esperen a que la recuperación sea cierta para contratar a otros nuevos. Ahora bien, en algunos casos ha tenido éxito una reducción de la contribución empresarial a la seguridad social para nuevas contrataciones indefinidas de parados. En este sentido, es positiva la medida del Gobierno de convertir las prestaciones por desempleo pendientes de percibir por parte de los parados en bonificaciones a las cotizaciones de las empresas que los contraten.

Otro acuerdo deseable sería congelar, por dos años, precios, tarifas, márgenes y salarios tanto públicos como privados, aprovechando que la muy baja inflación, producida por la recesión, va a permitir que el sacrificio real sea mínimo. Se daría así una señal clara de que puede aminorarse la destrucción de empleo, reducirse los costes y ganarse competitividad. También habría que conseguir una mayor empleabilidad de los parados, dando un fuerte impulso al empleo a tiempo parcial, como propone el Gobierno, así como mejorar la eficiencia de la formación profesional reglada y ocupacional.

Para mejorar la productividad a largo plazo, habría que consensuar asimismo algunas reformas estructurales pendientes. La primera es la del mercado laboral. La gran diferencia de la economía española respecto a la de otros países desarrollados (e incluso en desarrollo) es que sólo alcanza una tasa de paro razonable cuando crece por encima de su potencial, que luego duplica en las recesiones.

La causa principal es que hoy existen 17 tipos de contratos y 17 costes diferentes de despido, con indemnizaciones que van desde 45 días por año de servicio, para los antiguos contratos indefinidos (57% del total) hasta 33 días para los nuevos contratos de fomento del empleo indefinido (13%) y ocho días, o nada, para los contratos temporales (30%). Esta maraña hace que casi el 90% de los temporales, teniendo a menudo una mejor formación que los fijos, nunca alcancen a ser indefinidos y que sean objeto de una enorme rotación laboral dados sus bajos costes de despido. Es precisamente esta excesiva rotación una causa principal de la elevada tasa de paro, de la baja productividad laboral y posiblemente de la limitada inversión empresarial en formación e I+D, lo que explica la paupérrima productividad total de los factores en España.

Habría que ponerse de acuerdo en fomentar un único contrato laboral para todos los nuevos asalariados, cuyo coste de despido vaya aumentando progresivamente con la antigüedad del trabajador en la empresa hasta llegar a ser similar al actual de fomento de empleo indefinido. Además, los niveles salariales acordados por cada sector en la negociación colectiva son hoy un suelo obligatorio para todas sus empresas. Sería muy conveniente un acuerdo para que puedan acomodarse a la situación específica de cada empresa introduciendo cláusulas más flexibles de descuelgue.

Por otro lado, la globalización y la competencia creciente están haciendo que los países desarrollados tiendan a proteger cada vez más al desempleado que al puesto de trabajo, reduciendo los costes de despido y elevando las prestaciones por desempleo, a cambio de que, tras recibir formación y ayuda en la búsqueda de empleo, dichos parados se vean obligados a aceptar el trabajo razonable que se les ofrezca.

Otro grave problema estructural es el elevado porcentaje de fracaso escolar. El 30% de los alumnos de ESO no la termina, el 30% de los universitarios tampoco acaba licenciándose en nada y sólo el 30% se licencia en tiempo establecido. Este fracaso produce una pérdida anual del 1% del PIB (agregando las subvenciones que se transfieren a los alumnos objeto de fracaso escolar o universitario del sistema público). Urge asimismo reformar la financiación socialmente regresiva de la educación pública universitaria en la que, a pesar de tener una rentabilidad privada tres veces superior a la social, los estudiantes, independientemente de su capacidad económica, apenas financian un 15% de sus costes.

La experiencia de otros países muestra que una mayor capacidad de elección de escuela por los padres con cheques escolares y una mayor competencia entre las entidades educativas resuelve parte del problema. La introducción de exámenes estandarizados basados en el currículo para obtener las credenciales educativas, combinada con la publicación de los resultados medios y de los indicadores de valor añadido de cada centro educativo, así como volver los exámenes centralizados (recuperando las antiguas reválidas) han tenido un efecto positivo en otros países.

Guillermo de la Dehesa es presidente del Centre for Economic Policy Research, CEPR.