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La trama corrupta vinculada a administraciones del PP

El bufete de Michavila asesora a uno de los alcaldes imputados

Un letrado compatibilizó su trabajo en el área de Urbanismo de Pozuelo

El despacho de José María Michavila, diputado del PP, asesora a Jesús Sepúlveda, alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) imputado ayer por Garzón.

La actividad del bufete se extiende a múltiples ayuntamientos de Madrid, con relaciones muy estrechas con el urbanismo de esas localidades. Con el ayuntamiento de Pozuelo, el despacho Eius Abogados tiene una doble relación: ha firmado multitud de contratos de asistencia jurídica y asesoramiento y, además, uno de sus letrados compatibilizó en 2006 la pertenencia al bufete con la función de asesor en el Área de Urbanismo. Francisco José Rodríguez García simultaneó su actividad en Eius con un contrato como personal laboral de apoyo al área de Urbanismo del consistorio de esa localidad. Ocupó ese cargo dentro de la Oficina de Apoyo al Plan General Urbanístico de Pozuelo desde mediados de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2006, cuando pasó a ser asesor del alcalde. La web del despacho, ahora borrada, aseguraba que este letrado se incorporó en 2006 a Eius. Ahora ya no pertenece al bufete, pero tiene cargo de consejero del alcalde de Pozuelo desde 2007 y su llegada al ayuntamiento coincide con la contratación del bufete en diversos pleitos para representar al consistorio. Sepúlveda es un histórico dirigente del PP próximo a José María Aznar. El regidor es amigo de Michavila, residente en ese municipio, y de Francisco Correa, vecino también de Pozuelo y presunto cerebro de la trama que investiga el juez Garzón.

Entre los contratos de Eius con Pozuelo destaca uno firmado en 2006 por el cual el despacho redactaba los estatutos de las empresas públicas del ayuntamiento. Eius cobró 27.000 euros por ese trabajo. Otro caso es el de un largo pleito por la denuncia de unos vecinos sobre el uso de una zona verde. La última sentencia fue de diciembre de 2008 y fue condenado el consistorio. En esos litigios intervino el socio-director del despacho, Alberto Dorrego, letrado del Congreso investigado estos días por la Secretaría de la Cámara, por posible vulneración de la ley que le impide redactar informes o dictámenes jurídicos para las Administraciones Públicas. En esos casos actuó en representación del ayuntamiento de la localidad. Eva Izquierdo, portavoz del PSOE en Pozuelo, ha pedido información al consistorio sobre estos contratos.

Además, este periódico ha tenido acceso a un contrato del bufete, de diciembre de 2005, en el que Eius asegura textualmente que el despacho "presta sus servicios jurídicos a diferentes clases de clientes, entre otros: Administraciones Públicas (como comunidades autónomas, municipios)". Es decir, admite ante notario que hace lo que le prohíbe el Estatuto de los Funcionarios de las Cortes a los letrados. El contrato lo firmó con Mediamed, empresa investigada por el juez Garzón y que ha logrado licencias de televisión de la Generalitat valenciana.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de marzo de 2009