La Junta tramitó 1.402 denuncias e impugnó 272 licencias en La Axarquía

La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio ha tramitado en los últimos 11 años 1.402 denuncias por irregularidades urbanísticas en la comarca de La Axarquía y ha impugnado en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo 272 licencias de obras otorgadas por los ayuntamientos contrarias a la ley, la inmensa mayoría para construir en suelo rústico no urbanizable.

Estos datos los aportó ayer el el consejero de la Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, durante una visita a la provincia de Málaga, en respuesta a los reproches sobre la permisividad y dejación de funciones en el control de la legalidad urbanística que se lanzan a la Junta siempre que se conoce un caso de corrupción o delito relacionado con el urbanismo. Así ha vuelto a ocurrir tras la detención del alcalde de Alcaucín, José Martín Alba (PSOE) y otras 12 personas, entre ellas el jefe del servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga en la llamada operación Arcos.

Los inspectores de urbanismo han emitido 62 informes a instancia judicial

Además, los inspectores de urbanismo de la Junta han emitido 62 informes a requerimiento de instancias judiciales, de los que el mayor número, 14, son asuntos de Cómpeta, municipio gobernado por el PP cuyo ex alcalde, Leovigildo Hernánfez, fue condenado a año y medio de prisión por prevaricación urbanística. Seis de estos informes corresponden a Alcaucín.

Los datos ilustran que respuesta sí ha dado la Junta, aunque otra cosa es la discusión sobre su proporción y puntualidad en una comarca donde la propia administración autonómica estima que hay unas 10.000 viviendas ilegales en suelo no urbanizable.

Pero al margen de cifras, Espadas, con el propósito de resituar el debate, recordó cuestiones elementales, como que los ayuntamientos tienen competencia propia en disciplina urbanística y "son los responsables de todo lo que ocurre en su municipio", sin que la Junta deba actuar como gendarme. "No existe un principio de jerarquía, este consejero no tutela a alcaldes y se guía por un principio de lealtad y colaboración", explicó.

Por ejemplo, en una denuncia que la Junta recibió en 2006 sobre una construcción ilegal en Alcaucín de Crocasa, inmobiliaria de uno de los promotores imputados en la operación Arcos, explicó que la Consejería hizo lo que es preceptivo en estos casos, pedir un informe al Ayuntamiento, cuando además se trataba de un suelo urbano y la irregularidad era un volumen de edificabilidad superior al establecido en las Normas Subsidiarias. El consistorio remitió información en la que sostenía que la obra se ajustaba a la norma y lo avalaba con un informe emitido por el jefe del servicio de Arquitectura de la Diputación imputado. Se archivó, y es que según espadas no cabía sino presuponer la veracidad del informe.

Lo anómalo, insistió el consejero, es que un funcionario público firme un informe falso, algo que recordó es delito y por lo que advirtió que la Junta podría también exigir responsabilidades. El presidente de la Diputación, Salvador Pendón, dijo ayer que el informe no tenía registro de salida, por lo que la institución no lo puede reconocer como propio.

La otra vía de actuación de la Junta es a través de la ordenación. Espadas recordó que los alcaldes de La Axarquía se opusieron al Plan de Ordenación Territorial (POT), aunque admitió que la situación ha evolucionado y ahora ya han entendido que el modelo era insostenible y han puesto freno a los desmanes. Además, se ha abierto una vía de colaboración para la inspección y revisión de lo que hay y la elaboración de los nuevos planes urbanísticos.