Democracia y corrupción

El alcalde socialista de Alcaucín, José Manuel Martín, y el jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga, José Mora, se encuentran en prisión tras ser imputados por los delitos de cohecho, blanqueo de dinero, falsedad documental y prevaricación urbanística: la letanía habitual en los casos de corrupción ligados a la burbuja inmobiliaria. El aparejador municipal y el asesor jurídico del Consistorio han quedado en libertad con cargos.

En el momento de su detención, el alcalde, un ex albañil que lleva cinco mandatos consecutivos elegido por mayoría absoluta, fue aclamado por una parte de los vecinos. En su domicilio, la policía intervino 160.000 euros en billetes de 500 ocultos en un colchón. Antes de ingresar en prisión, tuvo que firmar la renuncia al acta de concejal tras ser amenazado por su partido con presentarle una moción de censura si no se iba.

Esta reacción es la pauta que deberían observar los partidos si desean desmarcarse de las prácticas de corrupción que han corroído el poder municipal en España. Mucho más cuando las resoluciones judiciales alcanzan los extremos de este caso. Con complicidades en distintos niveles que habrá de esclarecer la investigación, en este pueblo de 2.500 habitantes de la comarca malagueña de la Axarquía se han construido desde que Martín es alcalde más de un millar de casas ilegales en suelo rústico. Las constructoras se multiplicaron por siete entre 1998 y 2007, y el número de inmobiliarias aumentó de una a 31. No resulta novedoso que prácticas como las que la juez investiga (construcción en suelo no urbanizable, pagos a cargos públicos para que ignorasen las irregularidades urbanísticas, etcétera) se confundan con la prosperidad económica; hasta el día en que se descubre su verdadero fundamento.

La popularidad de ciertos alcaldes sin escrúpulos tiene su explicación en esa rueda de la fortuna que degrada los pueblos y comarcas: más de un centenar de denuncias por infracciones medioambientales había contra este Ayuntamiento. Cuando esa popularidad se traslada a las urnas, hay una tendencia a considerar que la democracia convalida cualquier irregularidad. Por eso resultó tan alarmante que en fechas recientes, y ante denuncias de corrupción, tanto el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, como el de la Generalitat de Valencia, Francisco Camps, invocaran en su defensa su amplio respaldo electoral.