La Ley de Comercio elimina la licencia autonómica para los supermercados

Los nuevos supermercados (hasta 2.500 metros de superficie comercial) que quieran abrir en España no necesitarán licencia del correspondiente Gobierno autónomo. Asimismo, los centros superiores a esa superficie (los híper) tampoco tendrán -con carácter general- necesidad de licencia ni estarán supeditados a los requisitos de naturaleza económica que hasta ahora cada autonomía decidía a su albedrío. Así lo prevé el anteproyecto de la nueva Ley del Comercio. Tan sólo la protección del medioambiente, el entorno urbano y la protección del patrimonio histórico artístico serán los requisitos o argumentos para denegar una nueva apertura de un gran centro. Además, las licencias para los nuevos establecimientos se concederán de forma indefinida, según corroboraron fuentes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que se intenta consensuar con las comunidades autónomas.

Cataluña, País Vasco y Galicia son las autonomías más restrictivas

Algunas autonomías, como Cataluña y Baleares, han utilizado esta legislación para defender su modelo de comercio urbano y frenar la instalación de hipermercados. La patronal de las grandes superficies (Anged) ha llegado a estimar que hay 500 millones de inversión bloqueada por las trabas autonómicas.

La nueva normativa transpondrá la Directiva Europea de Servicios y retocará estos apartados de la vigente Ley de Comercio, de 1996. El texto ya llegó a la Comisión de Subsecretarios. De hecho, el pasado diciembre se había previsto que pasara ya al Consejo de ministros, pero el rechazo de comunidades como Cataluña impidió el consenso y la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega dijo que había que seguir madurando el texto. La negociación sigue.

El Gobierno quiere liberalizar los mercados y para ello tiene previsto facilitar la implantación de establecimientos comerciales y reducir las cargas burocráticas que soporta la distribución. Y Comercio y los Gobiernos autónomos están ultimando un acuerdo para que la nueva Ley contenga unos mínimos, entre los que están las actividades que quedarán excluidas de la obligación de solicitar estas licencias. Según los estudios de impacto del Ministerio, los establecimientos pequeños y medianos deberán quedar libres de estas limitaciones.

En esta línea trabajan, a su vez, la mayoría de las comunidades autónomas, que preparan sus leyes, en paralelo con la del Gobierno, para aplicar estas medidas. Así, además de Madrid -cuya ley ya está aprobada-, Andalucía, Castilla-La Mancha o Canarias, entre otras, preparan sus borradores. Cataluña, el País Vasco y Galicia pueden ser las comunidades más remolonas a la hora de redactar sus leyes, pero deberán sujetarse a la nueva Ley de Comercio, que será una ley de mínimos y que puede tener excepciones en algunos territorios por razones turísticas, protección del medio urbano o patrimonio artístico. La Generalitat catalana ya ha admitido que deberá abrir la mano con las restricciones a los híper, pero ha avanzado que usará lo criterios de interés social (movilidad, medioambiente, planificación urbanística) para "preservar su modelo de comercio urbano".

En los próximos días se cerrará el texto del anteproyecto que, así, incluirá una mención a las condiciones objetivas que la legislación medioambiental podrá imponer para proteger los territorios naturales especialmente sensibles, siempre fuera de las zonas urbanas. Dentro de los pueblos y ciudades, se estima que las nuevas implantaciones, al estar próximas a donde viven los consumidores, contribuyen a reducir la movilidad y a minimizar el impacto urbanístico y medioambiental.

Al igual que hiciera José Montilla en 2004 con la Ley de Horarios Comerciales, su sucesor al frente del Ministerio de Industria, Miguel Sebastián, se propone que las comunidades acepten este contenido mínimo de la legislación estatal, que Bruselas ve indispensable para cumplir la Directiva.

Para Asedas, patronal de los supermercados, "los criterios de la directiva son claros y permiten que la regulación comercial sea más previsible y menos costosa para las empresas. Ahora es más necesario que nunca". Anged cree que la nueva regulación debe verse "como una oportunidad única para mejorar la productividad y la eficiencia, sin que sea restringida por normas administrativas".