Asedio al paraíso fiscal

A ojos del mundo occidental, los paraísos fiscales dibujan la topografía de la insolidaridad, la avaricia y el fraude. Es complicado, por la opacidad que envuelve a estos territorios, ponerle números a tantos defectos. Los expertos calculan que estos paraísos podrían mover, a través de infinidad de activos, entre 1,7 y 11,5 billones de dólares (entre 1,32 y 8,98 billones de euros). La primera es una estimación de 2000 del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la segunda corresponde a los datos de 2005 de la consultora Tax Justice Network. Otros trabajos más actuales (2008), como el de Oliver Wyman Group, hablan de 8 billones de dólares.

Aunque resulte difícil ponerle el cascabel a estas cifras, la lógica indica que estamos más cerca de los 11,5 billones que de los 8. O sea, una gran parte de la riqueza planetaria se reparte entre 44 territorios (ver mapa) que utilizan una tributación fiscal laxa o casi inexistente para atraer capitales de todo el orbe. En esta lista de la sospecha aparecen tres países, además, que no cooperan a la hora de proporcionar información: Mónaco, Liechtenstein y Andorra, que están en la lista negra.

El G-20 los señala como responsables, en parte, de la crisis actual

El 69% de las empresas del Ibex 35 opera en estos territorios

Y es que una de las grandes dificultades a las que se enfrentan los Gobiernos es construir un listado homogéneo de paraísos. Un ejemplo: la lista española no califica como tales a Malta, Antillas Holandesas, Emiratos Árabes ni Aruba, mientras que en la relación de la OCDE sí aparecen. Y Jamaica y Trinidad y Tobago se encuentran en tramitación. La razón es que España ha firmado (o está a punto de hacerlo) acuerdos individuales para el intercambio de información con estas naciones. En este ir cada uno por su cuenta, Alemania y, sobre todo, Francia urgen una lista común.

Estos territorios llevan subidos desde hace años al estrado de los acusados, pero ahora el G-20 los ha llamado por su nombre y señalado como responsables, en parte, de la difícil situación que vivimos. Y en este juicio, los grandes fiscales están siendo Alemania, Francia y Reino Unido. ¿Es una acusación justa? "Más que justa o injusta, lo que veo es un cinismo brutal por parte, por ejemplo, de los británicos. Durante años han frenado la armonización fiscal europea y ahora la culpa la tienen las Islas Caimán y Mauricio", critica Santiago Fernández de Lis, director del área internacional de Analistas Financieros Internacionales (AFI).

Otras voces, como Javier Díaz-Giménez, profesor del IESE, comparten esta reflexión. "Los paraísos fiscales son las alcantarillas del sistema y son injustos para el resto de naciones. Pero no tienen la culpa de la crisis que atravesamos; son cómplices necesarios de la economía que está fuera del balance". Lo que a su juicio resulta "inaceptable" es que Suiza sea uno de los pocos países de Europa que esté creciendo. "Todo el mundo sabe cómo lo está haciendo: aprovechándose del resto de naciones". Alemania ya la ha calificado de paraíso fiscal y no quiere volver a vivir a sus puertas otro caso como el de Liechtenstein.

Resulta, pues, complicado plantear los paraísos en términos maniqueos. Sobre todo cuando España también tiene un paraíso interior. "El 24% de la economía española es sumergida y no paga impuestos", reflexiona Javier Díaz-Giménez. Nuestro país tiene, pues, su pozo de dudas. En 2007 (últimos datos disponibles), la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) comunicó la existencia de 2.783 operaciones sospechosas, un 23,63% más que en el año anterior. Y según datos del Banco de España, las inversiones de cartera de firmas nacionales en estos territorios en 2007 fue de 18.505 millones de euros. "Bastantes bufetes españoles de segundo y tercer nivel han estado construyendo operaciones en territorios offshore durante los últimos años. Los de primer rango no lo han hecho por el riesgo reputacional que corren", revela el socio de un gran despacho internacional.

Al final, más que un problema de fiscalidad, lo es de opacidad. Así se explica que los paraísos ahora sufran una persecución global. "Se han convertido en un instrumento político donde lo verdaderamente relevante es el intercambio de información antes que la tributación", explica Miguel Cruz, socio de Landwell PwC, quien concreta: "Es un problema de transparencia, o sea, de saber de dónde proceden los fondos".

Pero quizá uno de los debates más interesantes que ha provocado la enorme presión que está ejerciendo la comunidad internacional es la posibilidad de la repatriación de los capitales que están allí instalados. "Soy partidario de una amnistía fiscal en España para estos fondos, siempre que se pueda justificar su procedencia", avanza el máximo responsable de uno de los grandes bancos privados españoles. "Esto haría que ese dinero volviera al flujo productivo, sin riesgo penal para quienes hayan estado llevando su dinero a territorios offshore". El Reino Unido ya ha recuperado por una vía similar casi 500 millones de libras, e Irlanda, en este caso a través de una exhaustiva investigación, ha rescatado al menos 1.000 millones de euros.

¿Estaría dispuesta la sociedad española a mirar hacia otro lado? "Sugerir una amnistía me parece una opción indignante. Lo que hay que hacer es multiplicar la inspección fiscal e implantar una reforma tributaria que baje los gravámenes y que obligue a pagar a todo el mundo", dice el profesor del IESE. Miguel Cruz opina que una propuesta de este tipo "no se entendería socialmente".

Paradójicamente, esta sensibilización social en contra de los paraísos -que ha llegado incluso al Vaticano- choca con la presencia real de las empresas españolas en ellos. El 69% de las compañías del Ibex 35 opera en estos territorios, según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, que analiza la información procedente de las memorias de 2007 de estas compañías. "En el caso de los paraísos fiscales, la información que se da se limita a cumplir con los mínimos que marca la CNMV, nada más", critica Orencio Vázquez, responsable del Observatorio de RSC. De nuevo, el problema de la opacidad.

En la lista de empresas españolas que trabajan en estos países, según el Observatorio, figuran Banesto, BBVA, Banco Popular, Banco Sabadell, SCH, Endesa, Telefónica, Repsol, Ferrovial, Indra, Inditex, Gamesa, Unión Fenosa... Es decir, no sólo son, como en un principio se pudiera pensar, firmas financieras, sino también industriales. "Los paraísos no aportan únicamente ventajas fiscales; también permiten delegar responsabilidades de tipo jurídico y económico", precisa Vázquez.