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Reportaje:

El despacho de los milagros

El bufete del diputado del PP Michavila cita como méritos de sus abogados los "servicios al Estado" e incluye a parlamentarios y letrados de las Cortes

Al ex ministro de Justicia José María Michavila le ha venido bien que estas semanas no haya pleno en el Congreso, porque tiene en Madrid a todo el equipo de Shakira, que ha llegado de Londres y de Nueva York para preparar su nuevo disco. No tendrá que dejar sus labores de representante de la cantante ni su despacho de abogados con sucursal en Londres ni la fundación que dirige para ir a la Cámara a apretar el botón en las votaciones.

Michavila, diputado del PP en los ratos libres, es lo que se llama un abogado Of Counsel del despacho Eius, que se distingue por estar formado por letrados que pisan diariamente la línea que separa lo público de lo privado. La propia web del despacho define a sus abogados Of Counsel como "juristas de reconocido prestigio nacional y amplia experiencia que se encuentran vinculados al despacho bajo la condición de colaboradores externos permanentes". En esa presentación se vende como mérito esa proximidad a lo público: "Desarrollan su actividad profesional respecto a clientes concretos del despacho, dentro y fuera de España, en materias de su especialidad, compatibilizando estas funciones con su dedicación a la vida académica y al servicio del Estado".

Tiene relaciones con la Comunidad de Valencia y con ayuntamientos

Un socio del bufete es el portavoz de economía del PP en las Cortes Valencianas

La web dice que el diputado tiene el despacho en Londres. Para poder seguir al servicio del Estado, a Michavila le favorece la manga ancha que el Congreso aplica para aceptar las compatibilidades de los diputados y, especialmente, de los dedicados a la abogacía. La ley electoral impide que esos abogados cobren de Administraciones públicas, incluidos ayuntamientos, pero buscan artimañas para que intervenga el despacho, pero no el diputado-letrado. Así sortean la ley.

El despacho de Michavila asesora al Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) y a otros de la Comunidad Valenciana, pero el que firma y pone su nombre en los papeles es otro abogado del bufete. Podrá no ser estético, como admiten diputados del PP, pero no es ilegal, como reconocen, resignados, representantes de otros partidos en la Comisión del Estatuto del Diputado.

Ese despacho, que tiene sucursales en Madrid, Barcelona, Valencia, Londres y Miami, aparece relacionado con actuaciones vinculadas a la trama de corrupción que investiga Garzón y tiene nexos con algunos imputados y con las Administraciones públicas bajo sospecha. Así, Alberto Dorrego y Andrés Jiménez Díaz, socios de Michavila, asesoran al Ayuntamiento de Boadilla del Monte y han intervenido a favor de las empresas de José Luis Ulibarri, imputado en el caso, para que la Generalitat valenciana otorgara 13 licencias de TDT a su empresa Mediamed.

El caso de estos dos abogados es similar al de Michavila en su cercanía a lo público y su proximidad a la incompatibilidad. Ambos compaginan el despacho privado con su cargo de letrados de las Cortes. Tienen concedida una compatibilidad genérica para ejercer el Derecho que, cada día, desbordan. Así, el estatuto de funcionarios de las Cortes impide en su artículo 62 "la elaboración de informes o dictámenes para las Administraciones públicas".

Dorrego explica a EL PAÍS que ha sido abogado de ayuntamientos como el de Boadilla, pero sostiene que no ha hecho informes jurídicos para ese consistorio. Es decir, utiliza una aplicación laxa de la ley que diferencia entre la defensa jurídica y la elaboración de informes o dictámenes.

Además, Dorrego es secretario del consejo de Cabanyal 2010 y vicesecretario de Comunitat Valenciana d'Inversions, empresas públicas de Valencia. La ley les impide "el desempeño por sí o persona interpuesta de cargos de todo orden en empresas o sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas". Dorrego sostiene que ser secretario de un consejo de administración no entra dentro de la categoría de "cargos de todo orden" y que, por eso, es compatible.

El azar ha querido que Dorrego, que está adscrito como letrado a la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso, esté en breve a las órdenes del ex ministro Mariano Fernández Bermejo, que presidirá esa comisión.

En el despacho de Michavila trabaja también José Marí Olano, que llegó al Ministerio de Administraciones Públicas cuando Francisco Camps era secretario de Estado. Olano, muy próximo al actual presidente del Gobierno valenciano, es ahora portavoz de economía del PP en las Cortes valencianas. Lo privado y lo público se superponen porque trabaja en un despacho que defiende a una empresa ante la Generalitat y él forma parte del grupo mayoritario en la Cámara autonómica. Marí asesora, a través de Eius, a Andrés Selma, promotor socio de Ulibarri en Mediamed, en operaciones urbanísticas. El despacho defiende ante la Generalitat la concesión de licencias de TDT y Ana Michavila, la hermana del diputado popular, es la jefa de gabinete de Camps.

Otro caso es el del letrado Francisco Javier González Sánchez, nombrado en 2007 director técnico jurídico del entonces alcalde de Boadilla, ahora imputado y recién dimitido. Cuando cesó en 2008, fue sustituido por Carlos Ruiz Cabrera, vinculado también al despacho.

Michavila conoce desde hace más de 20 años a uno de los imputados, Jesús Calvo. Éste fue gerente de la Universidad Complutense de Madrid y él secretario general. Y, como el mundo es un pañuelo, Michavila es amigo y vecino de Enrique López, ex portavoz del Consejo del Poder Judicial, cuyo cuñado, Miguel Hernán Manovel, es secretario del consejo de una empresa de Ulibarri investigada por Garzón.

La hiperactividad de Michavila se complementa con la dirección, sin ánimo de lucro, de la Fundación Alas, que integran, entre otros, Miguel Bosé, Juanes, Shakira y Alejandro Sanz.

En política, Michavila también ha sabido estar siempre bien colocado. El hijo del general Benjamín Michavila Pallarés, con expediente académico brillante, llegó al PP desde UCD y se ha mantenido en su cúpula con José María Aznar y con Mariano Rajoy. Ha sido, además, secretario de Estado de Justicia y de Relaciones con las Cortes, y ministro de Justicia.

Se decía que le protegía Carlos Aragonés, todopoderoso jefe de gabinete de Aznar, pero deseó, al parecer, y no logró ser miembro del patronato de FAES. Ahora es vecino de Aznar en Pozuelo (Madrid) y logra aparecer en muchas fotos junto a Rajoy. El día que todos salieron a respaldarle frente a Garzón, allí estaba Michavila en lugar destacado. Y su hermano, Narciso Michavila, es sociólogo y uno de los asesores que más influye en el líder del PP.

Michavila está tan liado estos días con el equipo de Shakira que aplazó dos veces la cita para dar su versión sobre sus actividades.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 1 de marzo de 2009