Investigado el padre de Eluana por homicidio

Después de 10 años de litigar para que le permitieran retirar la alimentación a su hija, Eluana Englaro, en coma irreversible desde 1992; de intentar que se cumplieran las resoluciones judiciales contra viento y marea (es decir, contra el Gobierno de Berlusconi y el Vaticano); cuando las sentencias por fin se han cumplido, Beppino Englaro está siendo investigado por "homicidio voluntario".

La asociación Veritá e Vita le ha denunciado ante la Fiscalía de Udine, ciudad donde murió Eluana el pasado 9 de febrero, junto a otras 13 personas: el anestesista Amato de Monte, que dirigió el equipo médico que interrumpió la alimentación y la hidratación artificial que mantenían a la mujer con vida, y los 12 enfermeros componentes de la asociación Por Eluana. "Se trata de una relación detallada en la que llamamos a la causa a Beppino Englaro, al personal médico y enfermeras, así como a los responsables de la clínica", declaró Mario Palmaro, presidente de Veritá e Vita.

Beppino Englaro se lo esperaba, así que encajó la denuncia con sosiego y tranquilidad. "Siempre he respetado la ley", justificó. "Ahora podremos aclarar que todo se hizo dentro de las reglas", aseguró su abogado. Para Franca Alessio, la tutora legal de Eluana, se trata de "denuncias sin ningún fundamento y, por tanto, no se pueden evidenciar delitos a cargo de nadie". Además, la investigación parece más un acto formal que otra cosa-la ley italiana obliga a investigar tras una querella- y probablemente terminará por archivarse.

La noticia se ha conocido en un momento en el que aún colea la polémica por las fotografías tomadas a Eluana por una periodista y un fotógrafo durante sus últimas horas de vida. La Fiscalía de Udine ha decidido no secuestrarlas y hoy están en manos de Beppino Englaro. Los investigadores se plantean si ha existido una violación de las normas del protocolo médico, que prohibía el uso de cámaras fotográficas. La familia había asegurado que las instantáneas se autorizaron para demostrar que las actuaciones fueron las correctas.

El caso ha servido para que el Gobierno italiano acelere el proceso para aprobar una ley sobre el testamento vital, que estos días está siendo debatido en el Parlamento. Pero la falta de diálogo entre oposición y el Gobierno de Silvio Berlusconi hace temer que siga retrasándose.