Querella por prevaricación contra tres altos cargos del Sergas

El Juzgado de Instrucción número uno de Santiago ha admitido a trámite una querella criminal, interpuesta por tres radiólogos del hospital Xeral-Calde de Lugo contra tres altos cargos del Sergas. Los denunciantes acusan de un presunto delito de prevaricación a un ex secretario general del Servizo Galego de Saúde (Sergas) del bipartito, José Manuel Peña Penabad, y a otros dos cargos del servicio público de salud: la subdirectora general de Inspección de Servicios Sanitarios, Isabel Bellver Moreira, y la jefa de servicio de gestión administrativa del Sergas, Antonia Ramón Díez. La querella asegura que los acusados ignoraron un caso de incompatibilidades de varios médicos de la sanidad pública que la Inspección Médica detectó en el servicio de radiología del hospital lucense. Los acusados declararán el próximo 23 de junio

Las irregularidades detectadas por la Inspección afectaban al jefe de Radiología

El origen de la querella se remonta al 30 de noviembre de 2007, cuando se realizó una inspección en el servicio de radiología del Xeral-Calde de Lugo y se concluyó que el jefe de este departamento, Julio Rodríguez García, y otros tres radiólogos más se encontraban en situación "incompatible" para compaginar la medicina pública y la privada, tal y como se recogía en las conclusiones de la inspección. Pese a que se constató esta situación irregular, no consta que la Consellería de Sanidade incoase los correspondientes expedientes sancionadores. Tampoco se ha informado a los tres radiólogos querellantes, aunque lo han requerido en varias ocasiones por escrito, de que se hubiera normalizado la situación de incompatibilidad de los radiólogos querellados.

Ante esta falta de respuesta oficial, los denunciantes han optado por presentar otra querella contra quienes ostentaban los cargos de responsabilidad que deberían haber incoado los correspondientes expedientes a raíz del dictamen de la inspección. La juez interpreta, en los fundamentos de derecho, que la denuncia "reúne todos los requisitos" para su admisión a trámite. La posibilidad de que se hubiera cometido "un delito de prevaricación por omisión", al cuestionarse "la no incoación por los querellados de un expediente sancionador a determinados facultativos que estarían incursos en incompatibilidades" fundamentan la admisión de la querella de los radiólogos.

La instructora sostiene en su resolución que procede "admitir a trámite la querella" para llevar a cabo las "diligencias y averiguaciones necesarias para el esclarecimiento del delito objeto de la misma". La instrucción servirá para despejar "cuestiones de relevancia", como la responsabilidad de los querellados a la hora de adoptar decisiones relativas a la incoación de un expediente disciplinario.

Se trata de una de las primeras querellas que se admite a trámite en Galicia por un presunto delito de prevaricación por omisión y no por acción, como suele ser habitual, según apuntó la letrada que defiende los intereses de los querellantes. Los radiólogos denunciantes confían en que este proceso sirva para dar "un paso definitivo" hacia la normalización de la ley de incompatibilidades.

Según los denunciantes, el hospital en el que trabajan, el Xeral-Calde, podría ahorrar 800.000 euros anuales si se optase por comprar un equipo más de resonancia y dotarlo de personal, en lugar de realizar estas pruebas diagnósticas en clínicas privadas. Las pruebas privatizadas en el hospital lucense se incrementaron un 21,6% en el último año. Además, apuntan los médicos querellantes, se garantizaría así una mejor cobertura asistencial. Permitiría, entre otras mejoras, contar con un radiólogo de guardia los fines de semana y festivos, algo que en el Xeral-Calde no sucede en la actualidad.