Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Editorial:

La crisis pasa factura

A pesar del déficit del 3,8% del PIB, el Gobierno dispone de margen para políticas de reactivación

Una de las consecuencias inevitables del empeoramiento económico que ha desembocado en recesión es la rápida conversión, en apenas unos meses, de los superávit públicos en déficit. Después de varios años con superávit presupuestarios, el ejercicio de 2008 se cerró con un déficit de 41.874 millones de euros, equivalente al 3,8% del PIB. Son cuatro décimas más de la previsión oficial y, por supuesto, rebasa el límite de déficit excesivo que la UEM ha fijado en el 3% del PIB. El Gobierno atribuye una parte importante de ese déficit al coste de las medidas de reactivación económica -los 400 euros, el cheque bebé, la reducción de impuestos-, aunque no es, por supuesto, el único agente generador de déficit. Las comunidades autónomas han elevado significativamente el suyo, desde el 0,16% del PIB en 2007 al 1,45% el año pasado, y los ayuntamientos lo han aumentado desde el 0,23% al 0,39% del PIB.

No es útil dramatizar la fulgurante conversión del superávit en déficit; las recesiones exigen esfuerzos públicos considerables. No obstante, parte del crecimiento del gasto asociado a la crisis se decidió de forma precipitada y en ese caso hay que situar la devolución de 400 euros. El Gobierno se habría ahorrado buena parte si hubiera actuado de forma más selectiva. A la vista del déficit de 2008 cabe extraer algunas conclusiones, sobre todo si el Ejecutivo no se resigna a aumentarlo hasta más allá del 6% en 2009 y desea mantener cierta credibilidad en la elaboración presupuestaria de 2010. La más evidente es que las comunidades autónomas no controlan sus cuentas; y que el Gobierno debe instarles a que apliquen las correcciones necesarias.

La situación requiere además que los ministerios económicos se defiendan con firmeza del aluvión de peticiones de ayudas públicas y que constituyen un chantaje apenas disimulado. Con el pretexto de no acrecentar el paro, empresas y sectores, a través de sus patronales, reclaman dinero público a cambio de sostener la actividad y el empleo. El Gobierno no debe entrar en ese juego so pena de verse desbordado por un mar de subsidios cuya aplicación final no controla.

La buena noticia es que el bajo nivel de deuda pública -el 39% frente a casi el 60% de media en la zona euro- confiere a la economía española cierto margen de maniobra para organizar estrategias de reactivación. El meollo de la cuestión radica en si el Gobierno tendrá la suficiente iniciativa para aprovechar ese margen.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 26 de febrero de 2009