Lecciones de Kosovo y Osetia del Sur

El pasado 17 de febrero se cumplió el primer año de la proclamación unilateral de independencia de Kosovo. En una Europa azotada por la crisis económica y amenazada por el conflicto social, la celebración pasó bastante desapercibida. También en España, que es el único país grande de la Unión Europea que se resiste a reconocer el último capítulo de la descomposición de la antigua Yugoslavia. España ni siquiera se dio por aludida pocos días antes del aniversario, cuando el Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría una resolución que anima a los miembros recalcitrantes de la UE a reconocer la independencia de Kosovo. Es significativo que en el debate sobre esa resolución no participara ni un solo eurodiputado español.

Suprimir o cercenar la autonomía de un territorio puede abrir las puertas al secesionismo

A pesar del relativo desinterés diplomático español por los Balcanes (más allá de la empecinada negativa a reconocer Kosovo), todavía hay algo de la experiencia kosovar que puede interesar a los ciudadanos españoles, que se hallan a las puertas de una decisiva sentencia del Tribunal Constitucional no sólo sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, sino sobre el futuro del Estado de las Autonomías en España, que es lo mismo que decir sobre el futuro de España a secas.

Kosovo pertenece (o al menos perteneció hasta 2008) a la constelación de los llamados "conflictos congelados". El espacio post-soviético es especialmente rico en estos conflictos. De hecho, en agosto del año pasado, en otro episodio devorado por el olvido, Georgia y Rusia libraron una guerra desigual en torno a uno de estos conflictos, en la región secesionista de Osetia del Sur. Al calor de esa guerra, Rusia invocó el precedente kosovar para reconocer la independencia de Osetia del Sur y de Abjazia, obliterando que en su momento el enviado especial del secretario general de la ONU en Kosovo, el reciente Premio Nobel Martti Ahtisaari, había advertido que "Kosovo no crea un precedente para otros conflictos sin resolver".

A pesar de la rotunda advertencia de Ahtisaari, existe una similitud histórica entre Kosovo y las regiones secesionistas de Georgia que acaso podría alumbrar alguna lección de interés para españoles. Desde 1974 Kosovo era una Provincia Autónoma Socialista dentro de Serbia, con aspiraciones de convertirse en la séptima república de la antigua Yugoslavia; en 1990 el presidente de Serbia, Slobodan Milosevic, suprimió la Provincia Autónoma Socialista de Kosovo. En la antigua URSS, Osetia del Sur era un oblast autónomo dentro de la RSS de Georgia, con aspiraciones de elevar su estatus convirtiéndose en una república autónoma; en el mismo año 1990 el presidente Zviad Gamsakhurdia suprimió el oblast autónomo de Osetia del Sur. Las cosas en Abjazia no fueron muy distintas. En la antigua URSS, Abjazia era una república autónoma dentro de la RSS de Georgia, aunque en los inicios del Estado soviético había gozado del estatus de República Socialista Soviética; en 1992, el Consejo Militar que había derribado a Gamsakhurdia para encumbrar después a Eduard Shevardnadze anunció la restauración de la Constitución presoviética de 1921, lo cual fue interpretado en Abjazia como un síntoma inequívoco de la voluntad de suprimir la República Autónoma de Abjazia.

En otras palabras, una circunstancia histórica que une a Kosovo, Osetia del Sur y Abjazia es que en los tres casos existe un episodio reciente de supresión de la autonomía, a pesar del deseo manifiesto de la población afectada no sólo de mantenerla sino de aumentarla.

En España se ha argumentado que los catalanes no deseaban un nuevo Estatuto, y es indudable que las cifras de participación en el referéndum del 18 de junio 2006 siembran alguna duda sobre el verdadero interés que esta cuestión suscitaba entre la ciudadanía. Pero también es cierto que existe una amplia evidencia sociológica de que los catalanes, más allá de estatutos concretos, son partidarios de un mayor autogobierno. En el Barómetro Autonómico del CIS de diciembre de 2005, contemporáneo al trámite parlamentario del Estatuto, el 24% de los entrevistados catalanes se mostró partidario de "un Estado como en la actualidad", frente a la media estatal del 52%, mientras que un 48% optó por "un Estado en el que las comunidades autónomas tengan más autonomía", frente a la media estatal del 26%. Los barómetros que elabora periódicamente en Cataluña el Centro de Estudios de Opinión también muestran este hecho diferencial catalán. En el más reciente (noviembre de 2008), el 62% opinó que Cataluña ha conseguido "un nivel insuficiente de autonomía", frente al 20% que lo considera suficiente y al exiguo 4% que lo considera excesivo.

Si es posible extraer alguna lección de Kosovo, Osetia del Sur y Abjazia para consumo de españoles, hela aquí: suprimir o cercenar la autonomía de territorios autónomos (contra la voluntad mayoritaria de sus habitantes) suele convertirse en una invitación al secesionismo.

A nuestro Tribunal Constitucional se le plantea un reto difícil: dirimir sobre la constitucionalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña y respetar al mismo tiempo el deseo manifiesto de los catalanes de incrementar su autogobierno, sabiendo que ese respeto es una de las dovelas que sustentan la democracia española.

Albert Branchadell es profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona.