El alcalde de Pego admite que pagó facturas con dinero de una promotora
Declaran diez ediles por desviar fondos de infraestructuras a gasto corriente
La crisis económica que sufre el Ayuntamiento de Pego por el parón urbanístico llegó ayer a los juzgados. El alcalde de este municipio, Carmelo Ortolà, y otros cuatro concejales de su gobierno -integrado por Ciutadans per Pego, PSPV y Bloc- declararon ayer ante la juez acusados de un presunto delito de prevaricación por utilizar en enero de 2008 casi dos millones de euros procedentes de un convenio con la promotora que urbaniza la montaña de Penya Roja para atender gastos corrientes y otras inversiones municipales en vez de destinarlos a infraestructuras que atendieran el crecimiento demográfico provocado por la construcción de 2.000 viviendas, tal y como contemplaba el acuerdo. Otros cuatro ediles del ejecutivo de Ortolà (así como un ex regidor del BNV) declararán en los próximos días por la misma querella, interpuesta por el PP. La operación tenía el informe desfavorable del interventor, quien también declaró junto al secretario municipal.
El alcalde admitió ayer que desvió ese dinero, pero matizó: "Era la única forma de abonar muchas facturas retrasadas a proveedores del pueblo a los que por justicia debíamos pagar". Ortolà recordó que parte de los recibos pendientes (más de 180.000 euros) procedían de la época en que gobernó el ex alcalde Carlos Pascual, ahora en la cárcel por delitos medioambientales, y cuya esposa es la actual portavoz del PP, por lo que responsabilizó de este caos financiero a los propios ediles que han interpuesto la querella.
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