La implicación de Camps en la trama siembra la desconfianza en su partido

"Ha sido un mazazo, sólo comparable al que tuvimos cuando perdimos las elecciones generales de 2004", reconoce un alto dirigente de los populares valencianos. La publicación por EL PAÍS el pasado jueves de que un informe de la Fiscalía Anticorrupción implica al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, en la trama corrupta que investiga el juez Baltasar Garzón, ha hecho temblar los cimientos de uno de los bastiones del PP.

El mismo jueves por la noche, Camps instó a la Junta Directiva Regional del PP a dejar las cuitas internas para afrontar todos juntos una situación que amenaza seriamente la estabilidad del partido que gobierna la Comunidad Valenciana con mayoría absoluta desde 1999.

Sin embargo, la desconfianza se ha instalado entre los populares. En Alicante, los seguidores del presidente de la Diputación y del PP provincial, el zaplanista José Joaquín Ripoll, no se fían de los seguidores del presidente Camps, que tienen impugnado el congreso provincial y aspiran a barrerlos. El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado en varios supuestos delitos contra la Administración y presunto fraude fiscal, ha visto la oportunidad para equiparar su situación a la de Camps. Aunque Fabra, a quien el propio Mariano Rajoy calificó de "ciudadano y político ejemplar", nunca ha ocultado que él siempre se mueve en defensa de sus intereses.

El ambiente de desconfianza también se ha infiltrado en el propio Gobierno valenciano tras publicar este periódico que el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, adjudicó directamente contratos a una empresa propiedad de un amigo suyo. El entorno del consejero, que presumiblemente se ha salvado gracias al escándalo del propio Camps, sospecha que la filtración de su actuación fue interna.

El presidente de la Generalitat intenta mejorar la imagen de su gestión tras años de opacidad y un férreo control de Canal 9.

Pese a todo, Camps no ha explicado todavía su relación con Orange Market y su responsable, Álvaro Pérez, El Bigotes, que formó parte del círculo íntimo de la cúpula popular y a quien se contrató en la Generalitat y en el PP. Un PP que asegura estar "muy fuerte y con ganas de guerra".