Una defensa frágil

La fotografía de familia que arropó a Mariano Rajoy durante la comparecencia pública para denunciar la supuesta existencia de una conspiración política y judicial contra los populares no cerró la crisis del partido, sino que dejó patente su manifiesta gravedad. Si nadie en el seno del Partido Popular considerase el liderazgo de su actual presidente como un desafortunado paréntesis, la presencia en el estrado de la calle Génova de barones regionales y altos cargos de la dirección habría resultado innecesaria. La decisión de exhibir un cierre de filas se debía a que, con anterioridad, no sólo se habían mostrado en desorden, sino que se habían enzarzado en una lucha cainita que amenazaba con bloquear la tarea de oposición durante un largo periodo.

El electorado suele censurar la división en los partidos, pero falta por ver que apoye la imagen de una unidad conseguida en torno a cualquier iniciativa. El juez Garzón y el ministro Bermejo cometieron un error al aceptar la invitación a una montería: el ejercicio del poder exige deslindar con extremo rigor la esfera pública y privada de quienes lo ejercen. Pero este error constituye una base extremadamente frágil para que el PP pretenda reconstruir su unidad a partir de una reacción desproporcionada contra él; entre otras razones, porque la simple coincidencia en un acto social al que ni el ministro ni el magistrado debían haber asistido no es prueba de una colusión entre el Ejecutivo y el Judicial. Si los barones que han estado al acecho de la caída de Rajoy, haciendo, además, cuanto está en su mano por acelerarla, aceptaron comparecer junto a él, fue en razón de sus exclusivos intereses. Eran ellos, y no Rajoy, quienes más ganaban con la escenografía, pues conseguían esconder tras la imagen de la falsa unidad unos problemas que les afectan en exclusiva. En aras de pacificar las aguas interiores, Rajoy se ha subrogado políticamente, y ha subrogado al PP, en la responsabilidad por los casos de corrupción que investiga la Audiencia Nacional y, de paso, en asuntos pendientes de esclarecer como el espionaje.

Hasta el momento, las diligencias instruidas por Garzón han alcanzado al consejero López Viejo de la Comunidad de Madrid y a otro cargo aforado del Gobierno de Valencia, además de varios ediles y antiguos responsables municipales del PP. Tras la reacción de esta semana, los populares han preferido dar curso al viejo instinto de declararse atacados antes que a preservar la honorabilidad del partido desmarcándose de cualquier persona o grupo sobre los que recaigan fundadas sospechas de corrupción. Es un viaje de corto recorrido, que deja la suerte política de la principal fuerza de oposición en manos de los avances de la justicia. La difícil decisión de desmarcarse de los encausados se convertirá desde ahora en un desgaste político con cuentagotas, dependiendo de los hechos que vaya estableciendo la justicia. Y lo que se necesita es, por el contrario, una oposición capaz de elevar el debate político hasta los niveles de rigor y de responsabilidad que exigen estos tiempos de crisis.