Orange Market creó una productora de televisión hace tres meses

Orange Market, la empresa investigada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en relación con una trama de corrupción vinculada al Partido Popular, creó hace apenas tres meses una empresa filial, con domicilio social en las oficinas de la firma en Valencia, dedicada a "la producción, el doblaje y la sincronización de reportajes de video, televisión y cine", así como a "la distribución y comercialización de películas de video, televisión y cine, para cadenas de televisión pública y privada, distribuidoras cinematográficas y agencias de publicidad".

Esta nueva sociedad, constituida el 19 de noviembre del año pasado, tiene como administrador único al consejero delegado de Orange Market, Cándido Herrero Martínez, imputado en la investigación de la Audiencia Nacional y que esta semana, previsiblemente el jueves, ha sido citado a declarar por el juez Garzón.

La firma de Álvaro Pérez compartió administrador con Easy Concept

Si Orange Market, la empresa que preside Álvaro Pérez -detenido por Garzón y puesto en libertad con la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado y la prohibición de salir del país-, es una empresa dedicada a la organización de eventos y a la publicidad, cuyos clientes eran el PP y administraciones gobernadas por ese partido, como la Generalitat valenciana, Orange Factory, SL, centra claramente sus objetivos en el ámbito de la televisión. Por lo que se conoce hasta ahora, su sociedad matriz, Orange Market, como desveló el portavoz socialista el las Cortes, Ángel Luna, el jueves pasado, trabajó para Canal 9 en el montaje del telemaratón que la cadena pública ofreció el 23 de noviembre.

Cándido Herrero, que estuvo presente en el registro de la sede de Orange Market en la calle de Colón, en Valencia el pasado día 6, es un empleado de la empresa. El pasado mes de octubre asumió el cargo de consejero delegado. Ese día, Álvaro Pérez asumió la presidencia y entró como consejero Ramon Blanco Balín, también imputado por el juez Garzón. Desde el despacho de Blanco Balín en Madrid había gestionado Orange Market hasta ese momento, como administrador único, Francisco Javier Pérez Alonso, junto a una una red de empresas vinculadas a Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP de Galicia e imputado también en la investigación de la trama que lideraba Francisco Correa, auténtico jefe de la organización.

Entre las empresas con las que compartía administrador único Orange Market estaba Easy Concept, SL, sociedad de la que el juez Garzón sospecha que inflaba los costes de los encargos que recibían de r el PP otras empresas que eran utilizadas como tapadera.

Los principales cargos populares se movilizaron ayer contra lo que consideran "una campaña de difamación" orquestada por los socialistas a raíz del sumario abierto por el juez Garzón. Lejos de aclarar los extremos de su relación con Orange Market, el PP optó por arremeter contra el Gobierno, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y el PSOE.

El presidente provincial del PP de Valencia, Alfonso Rus, aseguró que se trata de "una campaña de difamación puesta en marcha por el PSOE para esconder la inacción y la falta de propuestas de futuro del Gobierno central ante la crisis económica actual".

Junto a Rus, que organizó una reunión de alcaldes y portavoces populares en La Pobla Llarga, el consejero de Inmigración, Rafael Blasco, instó a los miembros del PP a "no dejarse engañar". "Es una campaña aforada e injustificable puesta en marcha por el Ejecutivo central", sentenció Blasco, que añadió: "El único objetivo del PSOE es dividir al PP".

El consejero de Gobernación, Serafín Castellano, durante una visita a las instalaciones de la Volvo Ocean Race en Alicante, afirmó: "Siempre que hay unas antesalas electorales, el PSOE nos obsequia con campañas orquestadas mediáticas y, además, con comportamientos poco saludables democráticamente".

"Creo que en democracia se tiene que investigar todo y, evidentemente, quien la haga que la pague, pero lo que no se puede hacer es utilizar de manera partidista las instituciones para tener rendimiento político" aseguró el consejero de Gobernación. Y añadió: "Se tiene que investigar todo, pero un juez no puede marcar la agenda política de un país", argumentó Castellano en referencia al juez Baltasar Garzón. La arremetida de los cargos populares contra los socialistas de ayer se produce en un contexto de inquietud. Aunque el Consell que preside Francisco Camps se esfuerza por dar sensación de tranquilidad, lo cierto es que, por primera vez en mucho tiempo, no está consiguiendo marcar la agenda política.

De hecho, la cúpula popular confía en que la instrucción que sigue el juez Baltasar Garzón se limite finalmente a la Comunidad de Madrid y no haya ningún aforado valenciano. En el Consell son conscientes de que la relación con Orange Market, que ha instalado los pabellones de la Comunidad Valenciana en Fitur durante cinco años, y con su presidente, Álvaro Pérez, ha sido prolongada e intensa en el tiempo, lo que ha permitido a éste acceder al círculo de confianza de los populares valencianos.

La subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, aseguró ayer que el PP "siempre culpa a los demás de hechos que le afectan". Llinares tachó de "lamentable la "actitud que está teniendo el Partido Popular para tapar algunos hechos que se están investigando".

Por su parte, el secretario general del Bloc y diputado de Compromís, Enric Morera, exigió al Partido Popular que "cumpla escrupulosamente" con el reglamento de las Cortes Valencianas y en los plazos indicados -que son de 20 días- facilite copia de las facturas que se solicitaron el pasado jueves de la relación de la Generalitat con la mercantil Orange Market.

"No vamos a permitir que nos engañen mostrando contratos con informes de legalidad favorables. Queremos las facturas porque puede haber pagos a Orange Market sin fiscalización y por encargos de trabajos puntuales", advirtió Morera.