Una línea de sombra

A finales de enero, desde el pabellón montado por Orange Market, Francisco Camps aprovechó de nuevo la feria de turismo Fitur, en Madrid, para defender su política de grandes eventos. Esta vez, su argumentación superlativa, más que al asombro, inducía a la estupefacción. La utilización de acontecimientos deportivos, culturales o turísticos para movilizar a las masas y orientar las opiniones públicas tiene tradición en todo tipo de regímenes políticos y sus precedentes democráticos entre nosotros se remontan a los que impulsaron en tiempos de Felipe González ciudades como Sevilla o Barcelona. Pero Camps ya no la justifica como una maniobra paliativa de autoestima colectiva más o menos dañada o una proyección exterior de rentabilidad dudosa. Sostiene el presidente, contra toda evidencia empírica y estadística, que los grandes eventos han convertido a la Comunidad Valenciana en una referencia "para salvar la crisis". Si el ciudadano quisquilloso ya intuía antes que, en realidad, a Camps, de los grandes eventos le importa sobre todo el efecto propagandístico a favor de su partido y de su "régimen", con la burbuja de la prosperidad pinchada y la resaca de la crisis a cuestas, su insistencia lleva a un choque irracional entre la tozudez ideológica y el sentido común.

Sin embargo, nada se sospechaba aún de la operación que el juez Garzón ha emprendido desde la Audiencia Nacional contra toda una trama de personajes que mezclan en su cháchara de tramposos los eventos, el pelotazo urbanístico, el concurso público y la picaresca cutre del ventajista. No sabíamos, hace sólo una semana, que la Copa del América, la Volvo Ocean Race, la Fórmula 1 y hasta el viaje del Papa han ido de boca en boca entre oscuros personajes cuya actividad consiste en exprimir las cuentas públicas con el único mérito de estar cerca del PP, si no es que desempeñan incluso ciertos cargos dentro de la organización que lidera Mariano Rajoy.

Había hasta ahora algo más irritante en los grandes eventos valencianos que la prepotencia de su aprovechamiento electoral y partidista: su opacidad. Decenas de preguntas sin respuesta jalonan la ejecutoria del Consell en empresas y organismos sostenidos con fondos públicos cuyas cuentas nadie explica. La detención e interrogatorio del responsable de Orange Market y de sus supuestos cómplices ha sacado a la luz del foco judicial un maremágnum de amistades y de coincidencias de aspecto repelente. Un panorama en el que los eventos del PP y los de la Generalitat pasan por las mismas manos, en el que se enredan los lazos de amistad o de interés, en el que se confunden licitadores y adjudicatarios y donde la equidad naufraga.

La opacidad es sin duda el caldo de cultivo más propicio para la corrupción en la gestión pública. Pero ha querido Camps tender una línea de sombra en su política más allá de la cual nadie pueda saber, nadie pueda inquirir, nadie pueda ejercer un control que desbarate el anuncio publicitario. Ahora, tras el decorado, más allá de la línea de sombra, se vislumbra una ciénaga.