Las siete vueltas al globo de Tomás Reñones

Aunque parezca que los sucesivos gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL) hayan acabado con nuestra capacidad de asombro en cuanto a técnicas para vaciar las arcas de Marbella (Málaga) sin complejos, los últimos trámites para enjuiciar el caso Saqueo 2 han puesto nombre y apellidos a unas prácticas que no deben quedar en el olvido.

La última son los 293.325 kilómetros que Tomás Reñones cargó al Ayuntamiento de Marbella en 1999. Una distancia que sería equivalente a dar 7,3 vueltas a la tierra y por la que supuestamente cobró 10.217 euros. La Fiscalía califica este kilometraje, que Reñones niega haber cobrado, de "totalmente ficticio". Para quemar todo este combustible, el ex edil tendría que haber recorrido 803 kilómetros al día, el equivalente de un viaje Málaga-Murcia, ida y vuelta.

Cargaron viajes y kilómetros a una sociedad que no tenía personal

El Consistorio acabó pagando la propaganda del GIL en las elecciones

La lista sigue con cargos como 34.450 euros para decorar el despacho del hijo del fallecido Jesús Gil, alcalde de Estepona en aquella época, o 96.000 euros de una Fiesta Tropicana, que tenía muy poco de gasto público.La Audiencia Nacional enjuiciará en breve a 36 personas, la mayoría ediles del GIL, acusados de participar en el saqueo de las arcas marbellíes desde 1991 a 1999. Esta es la época que rememoran las acusaciones pública y particular, que colocan uno tras otro casi un centenar de episodios de malversación de caudales, más una serie de delitos contra la Seguridad Social y falsedad documental. A simple vista, y con el cambio de pesetas a euros, las cantidades que salieron sin justificar o por motivos con escaso interés público no parecen elevadas, pero todas han hecho que la fiscalía reclame 74 millones de indemnización al Consistorio.

El entramado societario que el GIL puso en marcha en la primera legislatura permitió que en el Ayuntamiento de Marbella pagara la propaganda electoral del partido en las elecciones municipales de 1995, las segundas a las que se presentaron.

Los colaron a través de la sociedad Sporclub S.A., cuyo objeto social era una especie de cajón de sastre, en la que cabía la explotación de hoteles, la administración de fincas y la compraventa de valores mobiliarios, y de la que fue gerente el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca. La factura incluía "10.000 folletos impresos, 500 carteles, reparto de folletos, pagada de carteles, megafonía de dos días e inserción de cuñas en tres emisoras de radio" y costó 1.756 euros.

Por aquel entonces, el conocido actor y play boy Espartaco Santoni, ya fallecido, figuraba como apoderado de la misma sociedad. Entre 1994 y 1995 llegó a cobrar 60.000 euros "sin que existieran servicios prestados", relata la fiscalía. La empresa municipal también asumió el pago de algunas de sus deudas, como el seguro del coche, la cuota del leasing, el agua de sus locales o el canon de terraza, en total unos 5.200 euros que le compensaron de unos supuestos "honorarios de septiembre y octubre de 1995" que cifraron en 6.900 euros. La diferencia quedó como "saldo a su favor".

En una época en la que todo era poco para Marbella, el Ayuntamiento llegó a comprar un hotel por 1,8 millones. Un pleno ratificó la decisión por vía de urgencia en 1993, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló la compra porque "no había expediente de utilidad pública". Aunque terminó presentando suspensión de pagos, la sociedad municipal dio mucho juego. En 1994 recibió un cheque anticipo de 84.000 euros para "gastos de funcionamiento" y otros 90.000 euros para "alojamiento de personalidades", conceptos considerados "ficticios" y que no se destinaron a "fin público alguno".

El Ministerio Público insiste en el enriquecimiento de los ediles del GIL y en el mal uso que hacían de los fondos municipales. El prófugo Carlos Fernández, implicado en el caso Malaya, está acusado de haberse llevado 123.000 euros en la época en la que era concejal de Deportes. Las órdenes de pago indicaban que el dinero era para "gastos de escuelas deportivas" o "subvenciones" pero cuando el interventor reclamaba los justificantes recibía la callada por respuesta.

Julián Muñoz llegó a retirar 24.000 euros por "gastos de navidad" a finales de 1996, época en la que era concejal de Fiestas. Se llevó otros 12.000 euros el 27 de febrero de 2008 para "festejos" sin que "ninguno de los conceptos fuera cierto". En julio, Muñoz cargó a la cuenta de la sociedad Control de Servicios Locales 690 euros del bar restaurante Antonio "por gastos de representación".

En un año, los administradores de la sociedad entregaron a los ediles 2.800 euros por este concepto a sabiendas que no era para fines públicos. Entre ellas hay facturas "por billete de avión de personal de esta empresa" y kilometrajes, con la peculiaridad de que la sociedad no tenía ningún asalariado. También salieron de fondos municipales 7.000 euros para pagar el Impuesto de Actividades Económicas y la tasa de basuras de una asesoría jurídica propiedad de los abogados municipales José Luis Sierra y Antonio Abril.