Principio de acuerdo en el Senado de EE UU para aprobar el plan de estímulo
El presidente advierte que cualquier retraso sería una irresponsabilidad
Arrinconado por una sensación de emergencia nacional a la que ha contribuido el último y alarmante dato sobre de desempleo, el Senado de EE UU alcanzó anoche un principio de acuerdo que debería permitir la aprobación del plan de estímulo económico propuesto por Barack Obama. Ese acuerdo, todavía pendiente de ratificación en el pleno a la hora de cerrar esta edición, representa un gran paso para autorizar al Gobierno a inyectar en la economía alrededor de 800.000 millones de dólares para su rehabilitación. Un fracaso, aún no descartable en el recorrido legislativo pendiente, significaría una monumental derrota política del presidente e hipotecaría las posibilidades de remontar la crisis, en Estados Unidos y en el mundo entero.
Los demócratas parecen dispuestos a reducir gastos y recortar impuestos
El acuerdo, informaron fuentes demócratas que tomaron parte en las negociaciones, fue respaldado por los senadores demócratas y apenas un puñado de republicanos, casi justo los necesarios para sumar los 60 requeridos para sacar adelante la ley esquivando las tácticas obstruccionistas.
El contenido del pacto no era todavía público anoche, puesto que la ley no había salido a votación en el pleno. Aunque ese trámite fuera en última instancia sorteado, la ley resultante de esta difícil negociación tiene aún que ser pactada con la Cámara de Representantes, que aprobó una versión diferente la semana pasada, y sometido después de nuevo a votación en los plenos de ambas cámaras. El presidente quiere que toda esa tramitación pueda hacerse la próxima semana, con objeto de que esté sobre su despacho para la firma a mitad del mes.
El principio de acuerdo anunciado anoche fue la culminación de una jornada dramática en el Capitolio. Senadores de ambos partidos trataban frenéticamente y a puerta cerrada las condiciones del compromiso, mientras demócratas y republicanos mantenían en público sus posiciones de principios por si fuera necesario responder del fracaso ante los ciudadanos.
El presidente, por su parte, escalaba en su estrategia de presión sobre el Congreso, más nervioso y exaltado que nunca desde que llegó a la Casa Blanca, consciente de que se encuentra ante un momento clave de su gestión, tal vez ante su particular 11-S. "Es inexcusable e irresponsable caer en la distracción y el retraso cuando millones de norteamericanos se están quedando sin trabajo. El mundo está esperando", dijo Obama.
El presidente contraatacó ayer compareciendo junto a su nuevo Consejo Asesor para la Recuperación Económica, un grupo de sabios, encabezados por Paul Volker, que intenta dar lustre a la política económica de la Administración. El lunes, en hora de máxima audiencia, intentará reunificar fuerzas en torno a él en una conferencia de prensa televisada. Si el plan de estímulo no está aprobado para ese momento, esa comparecencia será también la oportunidad para que Obama reparta responsabilidades por el fracaso.
Éste es un momento enormemente delicado para todos. Los republicanos no quieren ser cómplices de un gigantesco proyecto de intervención estatal en la economía, pero tampoco quieren aparecer como los culpables de la parálisis de Washington. "No nos oponemos a un plan de estímulo, pero no vamos a aprobar una riada de gastos enmascarados como plan de estímulo", declaró ayer en el salón de plenos el jefe de la oposición, Mitch McConnell.
Obama admitió ayer que "éste no es un plan perfecto". Reconoció también que "hay apartados en esta ley que puede que haya que retirar y otros que haya que añadir". Pero, "en el conjunto", dijo, "es lo que Estados Unidos necesita en estos momentos".
Los demócratas parecían anoche dispuestos a renunciar a cerca de 100.000 millones de dólares esos gastos (incluidos unos 50.000 millones destinados a educación), y a ampliar en unos 65.000 millones de dólares la cantidad de recortes fiscales a fin de conseguir el respaldo de algunos republicanos. El resultado sería un plan de unos 800.000 millones de dólares, con el 40% dedicado a rebajar impuestos. El partido mayoritario necesitaba al menos dos votos (se esperaba que Ted Kennedy suspendiera su convalecencia para acudir a votar) para sacar adelante la ley.
