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El naval se manifiesta a una semana de negociar el convenio

CIG y UGT movilizan a un millar de empleados de astilleros

María Fernández

A una semana del inicio de las negociaciones para alcanzar un nuevo convenio colectivo del metal en Pontevedra, los trabajadores se volvieron a movilizar, tal y como hicieron el pasado 6 de noviembre. Pero la protesta por las calles fue la mitad de numerosa. Apenas mil personas salieron a primera hora de la mañana de sus centros de trabajo, fundamentalmente desde los astilleros Vulcano y Barreras, para mostrar su solidaridad con cuatro compañeros acusados de disturbios en las huelgas de 2007. El fiscal pidió para ellos una pena de cuatro años de prisión y una multa de 1.830 euros por desorden público y daños.

Por la sala penal desfilaron media docena de agentes de la Policía Nacional, que declararon que Daniel C., Iván P., Emilio D. C. y Xosé G., quemaron contenedores. Admitieron que alguno de ellos amenazó a los conductores que se quejaban por los cortes de tráfico provocados por las movilizaciones. Para la defensa, que pidió la absolución, no quedó probado que sus respectivos clientes fueran los autores de los hechos, ni que hubiesen actuado de forma conjunta o con un plan preconcebido.

Juicio al margen, la huelga de ayer fue algo más que un gesto de solidaridad. Desde la patronal se interpreta como un acto de clara presión de los sindicatos convocantes, CIG, CUT y UGT, ocho días antes de que se inicie la negociación del convenio para la provincia de Pontevedra.

Desde UGT, Diego Atanes rechaza esa interpretación y defiende que su objetivo "es llegar a un acuerdo sin tener que movilizar a los trabajadores". Atanes cree que las empresas incumplieron algunos de los puntos incluidos en el convenio del año pasado pese a sus denuncias en las comisiones paritarias. Para las centrales, la crisis no tiene que ser una excusa para recortar beneficios sociales o salarios. Miguel Malvido, de la sección del metal en la CIG, aseguró que intentarán presentar un documento conjunto en el que se incluya una "importante subida salarial" y ocho horas de reducción de jornada laboral para todo el año.

Desde la patronal Asime, en cambio, la protesta se ve como "un mal comienzo para alguien que se va a sentar a negociar". De hecho, en un comunicado, los empresarios la calificaron de "fraude de ley" la protesta de ayer. La CIG defendió el paro como una forma de solidaridad y recordó que todos los operarios del naval "se sentían en el banquillo". El lema de la manifestación fue: "No a la represión naval, no al fascismo".

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Sobre la firma

María Fernández
Redactora del diario EL PAÍS desde 2008. Ha trabajado en la delegación de Galicia, en Nacional y actualmente en la sección de Economía, dentro del suplemento NEGOCIOS. Ha sido durante cinco años profesora de narrativas digitales del Máster que imparte el periódico en colaboración con la UAM y tiene formación de posgrado en economía.

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