Vía libre al ajuste temporal en Sidenor

El Ministerio de Trabajo autorizó ayer el expediente de regulación de empleo (ERE) temporal presentado por Sidenor y su filial Forjanor para regular la suspensión de la actividad productiva de 2.238 trabajadores de una plantilla total de 3.114. La empresa, que planteó la regulación con la oposición de los sindicatos, podrá hacer uso del ERE desde hoy hasta el 30 de junio. La siderúrgica especializada en aceros especiales es propiedad del grupo brasileño Gerdau y cuenta con plantas en Basauri, Vitoria, Azkoitia, Legazpi y Reinosa (Cantabria), y su filial Forjanor tiene instalaciones en Villalba (Madrid) y Elgueta.

El ERE autoriza a la empresa, explicó Sidenor, a aplicar mensualmente la suspensión de la actividad, por el 50% de la jornada laboral de los empleados afectados, en cada una de sus plantas y fábricas, "según la conveniencia productiva". Es decir, la empresa modulará el uso de la suspensión de la actividad "en función de la carga de trabajo". La siderúrgica vasca decidió presentar el ERE temporal tras la fuerte caída de la demanda de acero, especialmente en el sector de automoción, del que depende gran parte de su actividad.

La deuda obliga a Transportes Catalán a despedir a sus 31 trabajadores

El expediente, según precisó en otro comunicado el sindicato USO, establece que durante la suspensión de empleo el trabajador "percibirá del Inem la prestación de desempleo y un complemento por todos los conceptos que correspondan al calendario departamental hasta un porcentaje del 90% del salario bruto diario, las pagas extra al 100%, y el abono integro de las vacaciones, así como su disfrute". El ERE prevé también la creación de una comisión de control y seguimiento que se reunirá cada 15 días. Los sindicatos representados en Sidenor, UGT, CC OO, ELA, LAB y USO se opusieron al ERE al estimar que no había motivos para una regulación temporal de la actividad productiva y porque se pretendía despedir a los trabajadores eventuales de la compañía.

Por otro lado, Transportes Catalán, empresa con sede en Irún que a finales de diciembre se acogió a la Ley Concursal, presentará un ERE de extinción de plantilla ante el descenso en la actividad por la crisis del sector y la imposibilidad de hacer frente a la deuda de 12 millones de euros que acumula. La intención de los administradores concursales, según confirmó a Efe el responsable del Transporte de UGT en Guipúzcoa, Tomás Maestro, es llegar a un acuerdo con los 31 empleados de la compañía, con los que se reunirán hoy por la tarde, cuando este sindicato hará pública su propuesta.

Asimismo, Protecciones Eléctricas de Alta Precisión S.A. (Peapsa) de Zamudio, en concurso voluntario desde 2007, ha decidido liquidar la empresa y rescindir los contratos de sus 90 trabajadores, denunció CC OO.