El Síndic subraya que el Consell ha de dotar los planes contra la crisis

Rafael Vicente Queralt, Síndic major de la Sindicatura de Comptes, reivindicó ayer ante los diputados de la Comisión de Hacienda de las Cortes la independencia de la institución y predicó con el ejemplo en los pasillos. Cuando fue interrogado sobre la financiación de los cuatro planes que ha anunciado el Consell para intentar paliar los efectos de la crisis económica y dotados en conjunto con 2.420 millones de euros de gasto público por encima de lo previsto en los presupuestos de la Generalitat para 2009, el Síndic major señaló que en estos momentos desconoce cómo se van a financiar esos planes, pero resaltó que "es evidente" que cuando se aprueben y tengan que empezar a ejecutarse deberán tener "una consignación presupuestaria". De lo contrario, todos los anuncios del Consell serían papel mojado, como sostiene la oposición parlamentaria.

El actual modelo de financiación impide atender los cambios demográficos

El Consell tendrá previsto "algún tipo de financiación" para acometer esos planes, añadió el Síndic. En el caso de los planes de inversión municipal, por ejemplo, Queralt comentó que "cuando se comunique a cada Ayuntamiento que puede iniciar las obras, indudablemente en el presupuesto tendrá que estar puesto" de dónde proceden los fondos.

Gerardo Camps, vicepresidente del Consell, se ha limitado a aludir a un "crédito extraordinario" cuya cuantía estaría pendiente del resultado de las negociaciones sobre el nuevo modelo de financiación autonómica que debe pactarse en el plazo de dos semanas.

La presencia del Síndic ante las Cortes generó un enfrentamiento entre el popular José Marí y la socialista Cristina Moreno en torno al modelo de financiación autonómica.

Marí insistió en la "infradotación" a que el Gobierno ha sometido a la Generalitat al no tener en cuenta el aumento de población en los últimos años, un problema que repercute en la escasez de fondos para atender servicios públicos esenciales como la Sanidad o la Educación.

Moreno recordó que el propio informe del Síndic apunta que el actual modelo, inspirado en el denominado modelo Zaplana y acordado cuando José María Aznar era presidente del Gobierno central, no preveía la posibilidad de actualizar las transferencias del Estado a las comunidades autónomas en virtud de los cambios de población. Queralt confirmó que "si el modelo de financiación autonómica se actualizara bien y contemplara el incremento de la población con una revisión automática anual, como parece que se va a hacer ahora, no habría facturas en el cajón".

El comentario del Síndic major sobre el actual modelo de financiación fue una forma elegante de tirar por tierra uno de los argumentos del PP valenciano para atacar al Gobierno central.

Pero la demostración de independencia no se quedó ahí. El Síndic major aludió a un problema contable detectado en Ciegsa, la sociedad constituida para construir colegios e institutos públicos. El total de los activos de Ciegsa a finales de 2007 era de 1.663 millones de euros. El balance de la sociedad apunta como activo circulante un saldo de 617 millones de euros que debe la Generalitat.

El convenio entre la empresa y la Generalitat establece que Ciegsa recibirá esa cantidad en forma de ampliaciones de capital de la empresa pública antes de 2015. Hasta la fecha, la Generalitat no considera ese gasto, ni siquiera un porcentaje, en su propia contabilidad. Sobre el papel, Ciegsa contabiliza un ingreso que nadie ha previsto pagar.

Rafael Vicente Queralt, Síndic de Comptes, explicó ayer ante la Comisión de Hacienda de las Cortes Valencianas que Ciegsa "puede no ser la única empresa pública" que se encuentre en la misma situación. Con la prudencia que caracteriza los informes de la Sindicatura de Comptes, Queralt atribuyó la doble consideración del "asiento" a una mera "cuestión de técnica contable". "617 millones de euros que Ciegsa dice que le debe la Generalitat", explicó a los diputados, "la Generalitat dice que puede amortizarlos hasta 2015".

Tanto el auditor de Ciegsa, BDO-Audiberia, como el informe de la Sindicatura de Comptes, consideran que la empresa pública contabiliza correctamente las deudas pendientes porque corresponden a colegios que ya están terminados y entregados a la Generalitat.

Queralt redujo pero no eludió el problema. "Abordaremos el asunto de manera específica en el próximo informe" de la cuenta general de la Generalitat, comentó.

Al dejar de contabilizar siquiera una parte de los fondos que la Generalitat debe inyectar en la empresa pública antes del final de 2015, se recortan los gastos comprometidos que asumirá la Generalitat en el futuro.

La Generalitat estimaba a finales de 2007 que sus gastos comprometidos para ejercicios posteriores ascendían a 20.985 millones de euros. La auditoría de la cuenta general de 2007, sin embargo, elevaba esos gastos comprometidos a 25.212 millones de euros. La Sindicatura de Comptes subrayó el despiste de 4.227 millones de euros que atribuyó a gastos comprometidos y no contabilizados que en su mayoría correspondían al área de Sanidad y a los compromisos de inversión adquiridos con las universidades públicas.

La Generalitat asumirá a la postre las obligaciones que Ciegsa ha acumulado con el Banco Europeo de Inversiones, pero al trasladarla al futuro, el Consell sólo oculta deudas que tendrá que asumir en años futuros.