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Columna
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Un plus de exigencia

Si la mujer del César tiene que serlo y parecerlo, en Marbella, además, tiene que certificarlo. Los últimos cuatro alcaldes del municipio han estado en prisión y han sido condenados por tropelías urbanísticas y robos a dos manos. En un hecho sin precedentes, la corporación tuvo que ser disuelta y terminaron en prisión un buen número de concejales. Por ello, a los nuevos regidores de Marbella les ha tocado la china: tienen un plus de responsabilidad sobre cualquier concejal de cualquier otro municipio de España. Más aún su primer edil. Ya no se trata de gestionar con pulcritud un ayuntamiento, sino de borrar una mínima sombra de sospecha sobre cualquier actuación de cualquier miembro del equipo de gobierno o de la oposición. No sólo Marbella lo merece, también la democracia en España.

Hay una lupa sobre Marbella que lo agiganta todo. Esta ciudad ha sido la mayor víctima de uno de los episodios más negros del municipalismo en España: la corrupción desaforada y el enriquecimiento ilícito desde el ejercicio del poder. Por ello, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, tiene la obligación política y moral de ofrecer explicaciones claras y precisas sobre la denuncia realizada por el PSOE. Según este partido, el pasado día 18 de diciembre el pleno aprobó una modificación de las lindes entre Benahavís y Marbella, que afectan a terrenos que son propiedad de empresas participadas por el marido y el cuñado de la regidora. La denuncia asegura que estas parcelas, donde se incluye el domicilio familiar de Muñoz, quedan fuera del término municipal de Marbella, y pasan a ser urbanizables, gracias a esa modificación de las lindes que la propia alcaldesa negoció con su homólogo de Benahavís, José Antonio Mena, también del PP. En ese pleno, Muñoz se abstuvo en la votación al "ser parte interesada", pero eludió dar explicaciones sobre sus "intereses" a pesar de que se le preguntó expresamente a qué lado de la linde quedaban determinados suelos propiedad de su familia.

Muñoz se abstuvo en la votación, pero fue ella como alcaldesa quien llevó la propuesta al pleno y fue ella también quien negoció la modificación con el alcalde de Benahavís. ¿Habría que interpretar que también en esa negociación era parte interesada y no se abstuvo, como miembro de la comisión encargada de verificar la operación? ¿También era o no era parte interesada cuando llevó la propuesta al pleno, o cuando firmó los nuevos planos con su puño y letra? Además, según algunos expertos, el proceso de modificación se ha realizado en base a los planes generales de ambos municipios, cuando existe un mecanismo administrativo específico para ello y que al parecer no se ha tenido en cuenta: la ley de demarcación de lindes de la Junta.

La misma honorabilidad que en este hecho hay que exigirle a Muñoz habría que plantearle también a la oposición, y especialmente al PSOE, que ha denunciado los hechos. Es también su responsabilidad no contribuir a la más mínima sombra de duda sobre la gestión del equipo de gobierno si no tiene algo más que sospechas de una operación irregular. Colocar de nuevo a esta ciudad en el centro de la refriega política con insinuaciones y medias verdades haría un flaco favor a todos los cargos públicos de esta localidad y mermaría la poca credibilidad que los ciudadanos marbellíes deben esperar ya a estas alturas de los regidores que llevan padeciendo en su municipio.

De momento, el PSOE de Marbella ha denunciado unos hechos aportando actas plenarias, documentos y sociedades vinculadas al marido de la alcaldesa que, como mínimo, exigen explicaciones. Ángeles Muñoz, por su parte, ha preferido callar y ha designado al portavoz de su equipo de gobierno, Enrique Romero, para desmentirlo todo sin desmentir nada concreto. En Marbella, la política tiene un plus de exigencia que debieron conocer los que se presentaron a las elecciones.

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