Ascenso y caída del ladrillo

Y de repente, las inmobiliarias descubrieron Galicia. Tradicionalmente apartada del festín del suelo, se convirtió de un día para otro en la invitada perfecta: el suelo se agotaba en los feudos tradicionales de la especulación y la primera línea de playa cotizaba tan al alza que el hormigón se asomaba a la arena misma de las rías. Así empezó el bipartito la legislatura, con el ladrillo al alza, para acabarla haciendo frente a la caída de precios y a la quiebra de las inmobiliarias, algunas tan vinculadas a Galicia como Martinsa-Fadesa. Por en medio, una ley, la de los 500 metros, que alejó las grúas de la franja costera; santo y seña de la Xunta y diana favorita de los dardos del Partido Popular.

No falta quien atribuye el retraso con que la fiebre del ladrillo llegó a Galicia a la menor incidencia que, hasta el momento, ha tenido la crisis en sus cuatro provincias. Pero, sobre todo, a la moratoria de los 500 metros -a la que le quedan cuatro meses de vigencia- le agradece el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, que el pinchazo urbanístico no dejara en la costa un paisaje de construcciones abandonadas a mitad de obra.

"Este Gobierno ha apostado por ordenar el territorio de forma racional y por poner en valor su patrimonio natural; particularmente, su litoral", resume la conselleira de Política Territorial, la socialista María José Caride. No ha podido, pese a los reiterados compromisos, culminar las Directrices de Ordenación del Territorio ni el Plan del Litoral. Tampoco los ayuntamientos han hecho los deberes: sólo 27 han conseguido en estos tres años y medio adaptar sus planes generales a la Ley del Suelo en vigor.

Objeto de controversia desde su mismo anuncio, la ley de los 500 metros genera intacto el mismo debate que cuando se promulgó, en la primavera de 2007. "Ha significado colapso. La protección del litoral es compatible con un urbanismo racional", sentencia la portavoz de Urbanismo del PP, Pilar Rojo. La ex conselleira de Fraga afea al bipartito una política de ordenación del litoral "entendida como instrumento político", pero sus quejas se extienden al área nacionalista de la Xunta, en la que Teresa Táboas dirige la Consellería de Vivenda. "Política de anuncios", reprocha. "Prometía 25.000 viviendas protegidas y no ha sido capaz de terminar ni una que haya empezado en esta legislatura".

La producción legislativa de Vivenda genera menos debate que la de viviendas de protección: es abundante. Aunque no guste a todos. Ley de vivienda, normas del hábitat, reserva obligatoria de suelo para viviendas protegidas y Plan Sectorial de Vivienda son sus hitos. "El sector inmobiliario estuvo marcado por un crecimiento exponencial del precio de la vivienda; era el momento de la intervención pública sobre el mercado del suelo y de la vivienda", opina la conselleira.

La oposición no fue sólo política. Por ejemplo: las normas del hábitat, con requisitos mínimos de calidad para las nuevas viviendas, encontraron una dura oposición entre alcaldes y objeciones de los arquitectos. Pero Vivenda mantiene el rumbo: "Este es el camino que debe seguir el sector residencial".