La UE reclama ayudas ilegales de la Xunta del PP a la siderurgia

Casi cuatro años después de abandonar San Caetano, la Xunta de Manuel Fraga todavía tiene cuentas pendientes con la UE por ayudas ilegales concedidas a empresas siderúrgicas que no fueron devueltas en su totalidad. La Comisión Europea, a través de las autoridades de la Competencia, mantiene abierto un expediente contra España por el paquete de ayudas públicas concedidas por tres organismos autonómicos (Igape, Sodiga e Inesga) a Siderúrgica Añón. La UE considerar que vulneraban el libre mercado y distorsionaban la competencia en un sector con exceso de capacidad y para el que están vetadas las subvenciones.

La Comisión Europea ordenó en junio de 2004 a Siderúrgica Añón que reembolsase la ayuda estatal, "incompatible e ilegal, recibida a través de distintas medidas (acciones del capital compradas como crédito blando, subsidios al tipo de interés y subsidios no reembolsables, préstamos y garantías), tras lo cual el Gobierno español adoptó las medidas necesarias para implementar la decisión". El importe principal de la ayuda fue reembolsado por el beneficiario, "pero no se puede considerar que la decisión haya sido totalmente implementada ya que parte del interés a pagar, calculado desde el momento en el que la ayuda fue puesta a disposición del beneficiario hasta su reembolso efectivo, está todavía pendiente de ser reembolsado", según fuentes oficiales comunitarias. "Por tanto", mantiene la UE, "ahora mismo estamos en fase de espera hasta que se cumpla íntegra la decisión". Entre que se empezaron a conceder ayudas, noviembre del 2000, hasta el reembolso, transcurrieron más de seis años.

El Ministerio de Ciencia también ayudó ilegalmente a la empresa

Las ayudas públicas que recibió Siderúrgica Añón, con centro operativo en A Laracha (A Coruña) y en ese momento controlada por los empresarios Manuel Añón y Epifanio Campo, se prolongaron durante tres años siendo titular de Economía José Antonio Orza y representaron un abanico de medios públicos para apuntalar la sociedad. También recibió subvenciones de Madrid. Según el expediente sancionador de la UE, al que ha accedido EL PAÍS, el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) concedió una primera subvención de 2,4 millones de euros a Añón, en noviembre del 2000. En diciembre, el Ministerio de Ciencia aprobó un préstamo sin intereses de 1,8 millones.

En 2001, Inversiones Estratéxicas de Galicia (Inesga), otro brazo financiero de Economía, apoyó un préstamo sindicado de otros 9,6 millones. El Igape, a mayores, subvencionó el tipo de interés y asumió la comisión de apertura del préstamo. En ese mismo año Siderúrgica Añón amplió capital y Sodiga, la sociedad de capital riesgo de la Xunta, aportó otros 1,8 millones. Un año después se realizó otra ampliación de capital y Sodiga volvió a abonar casi medio millón de euros. Además, la UE señala que Sodiga "pagó 90 euros por cada acción adquirida, mientras que los socios privados pagaron solamente 60 euros por acción".

En su expediente, Competencia tachó de ilegales todas las ayudas, descartó que la participación de Sodiga fuese capital riesgo y consideró que las subvenciones públicas "falseaban la competencia y afectaban a intercambios entre Estados miembros". En las conclusiones del expediente, firmado por el comisario Mario Monti, prohibía a España conceder más ayudas al beneficiario, es decir, a Añón.