La CNE eleva a 300.000 los afectados por el temporal
El consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) cifró ayer en 526.600 los clientes afectados por cortes en el suministro de electricidad durante el temporal de la semana pasada, que alcanzó vientos de 200 kilómetros por hora, de los cuales entre 200.000 y 300.000 en Cataluña.
Entre los afectados por el temporal en Cataluña, la ciudad de Barcelona fue la que registró una menor incidencia, según señaló en un comunicado. En el resto del país, hubo 122.000 clientes afectados en el Noroeste, en su mayoría en la comunidad de Galicia, 56.400 en el Norte (Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, La Rioja y Navarra) y 41.400 clientes en Levante (Alicante, Valencia y Murcia). En Aragón se quedaron sin suministro 6.800 abonados. La Generalitat aseguró en la tarde de ayer que ya sólo quedan un centenar de abonados afectados por cortes de suministro.
Pero pasado el vendaval queda la tormenta política. El presidente de Convergència i Unió, Artur Mas, dijo ayer que su partido llevará al Parlament la situación creada el pasado fin de semana. Concretamente, CiU pide media docena de comparecencias parlamentarias comenzando por la del consejero de Interior, Joan Saura; el director general de Protección Civil, Josep Ramon Mora; la directora general de Prevención, Extinción de Incendios, Olga Lanau, y del director del Servicio Meteorológico de Cataluña, David Rodríguez. Además, se pide que comparezcan los presidentes de las dos entidades municipalistas de Cataluña, el socialista Manuel Bustos y el convergente Salvador Esteve.
La actitud de Convergència i Unió en este episodio, que culminó con la muerte de ocho personas en el conjunto de Cataluña, contrasta notablemente con la que mantuvo durante el episodio de nevadas de diciembre de 2001, en el que fallecieron seis personas en las carreteras catalanas. En aquel momento Convergència i Unió, en el Gobierno, echó todas las responsabilidades a la poca prudencia de los conductores que salieron a la carretera en plena nevada y se quitó todas las culpas de encima. Los nacionalistas, con sus aliados del PP, rechazaron crear la comisión de investigación parlamentaria que solicitó el PSC. Ningún dirigente nacionalista quiso asumir ningún tipo de responsabilidad. Al final, y ante la presión de la oposición, el entonces presidente, Jordi Pujol, salió a dar explicaciones y, en una comparecencia en la que no admitió ninguna pregunta, admitió que algunas cosas podían haberse hecho "mejor".
El secretario general de Interior, Joan Boada, también exculpó al actual gobierno del desconcierto que se vivió el pasado fin de semana y salió al paso de las críticas de los ayuntamientos asegurando que "nadie en este país puede decir que desconocía que podía haber rachas de viento de más de 90 kilómetros por hora".
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