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Editorial:

Sin objeción

El fallo del Supremo reafirma la obligatoriedad de Educación para la Ciudadanía

El pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha rechazado por 22 votos contra 7, y tras dos días y medio de deliberaciones, la posibilidad de objetar la asignatura de Educación para la Ciudadanía. La sentencia, aún por redactar, unifica la jurisprudencia sobre un asunto que la Conferencia Episcopal, algunas organizaciones afines y el principal partido de la oposición han tratado de convertir en arma contra el Gobierno, anteponiendo el interés político a la preocupación por los alumnos. A la espera de los argumentos que contendrá la sentencia, el comunicado de los magistrados tras la deliberación avanza, en cualquier caso, que las normas que desarrollan la asignatura y que han sido objeto del recurso "no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

Algunas familias que promovieron la objeción han anunciado su intención de mantener abierta la vía judicial más allá de la decisión del Supremo, llevando el caso hasta el Constitucional y el Tribunal Europeo de Estrasburgo. Están en su derecho, aunque lo que se encuentra en juego tras un fallo como el de ayer, que les quita la razón, es el perjuicio que pueden seguir causando en la comunidad escolar. Los alumnos deberían volver a clase de inmediato y sean cuales sean las siguientes acciones judiciales que pretendan entablar los partidarios de la objeción, poniendo fin a la situación de excepcionalidad que se vive desde el inicio del curso. Es oportuno y tendría que ser escuchado el llamamiento de la ministra de Educación para que las comunidades autónomas donde existan objetores resuelvan su situación cuanto antes y siempre pensando en el interés de los alumnos.

Más allá de las consecuencias judiciales del fallo, hay lecciones institucionales que no deberían ignorarse. En su oposición a la asignatura, el Partido Popular ha oscilado entre el esperpento de la Comunidad Valenciana, que intentó impartirla en inglés, y el desprecio al Estado de derecho que practica la Comunidad de Madrid en ésta y otras materias. Si el Tribunal Supremo ha unificado la jurisprudencia, bien estaría que el PP hiciera otro tanto con su postura. Las normas están para ser cumplidas, lo mismo que las sentencias, y el principal partido de la oposición no puede avalar situaciones de hecho como las vividas en muchos centros educativos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 29 de enero de 2009